El juez español Baltasar Garzón anunció ayer que investigará a los torturadores del centro de detención de la base militar estadounidense de Guantánamo sobre la base de las denuncias de cuatro ex prisioneros. “Dése inicio a las necesarias diligencias previas contra los posibles autores materiales e inductores, cooperadores necesarios y cómplices de delitos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señaló el comunicado emitido por el magistrado.

El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, sostuvo en un escrito de diez páginas que lo que existió fue un plan general y coherente de torturas generalizadas que violó las normas jurídicas internacionales sobre la materia. “Existió un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido, marcados y exigidos por las convenciones internacionales aplicables”, precisó el auto judicial.

Garzón se basó en los memorandos internos del Departamento de Justicia norteamericano en los que se explicitan las órdenes y los permisos para torturar; dichos documentos fueron desclasificados por el gobierno de Barack Obama hace unos diez días para hacer frente a las demandas de diversas asociaciones de derechos civiles y ahora, el juez español anunció que los solicitará, puesto que entiende que la práctica de la tortura puede haber formado parte de un plan más amplio.

“Este plan configura la posible existencia de una acción concertada para la ejecución de una multiplicidad de delitos de torturas, tanto en Guantánamo como en otras prisiones militares estadounidenses fuera de su territorio, como la de Bagram en Afganistán, administrada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos”, explicó el texto.

Además, el magistrado señaló que la práctica de las torturas, por su sistematicidad, implicaría grados de responsabilidad penal en diferentes áreas del gobierno.

“Las acciones llevadas a cabo adquieren un nivel casi oficial y, por ende, generan una responsabilidad penal en las diferentes estructuras de ejecución, mando, diseño y autorización de ese plan sistemático de tortura”, detalló el comunicado.

El juez español investigará los hechos basándose en las denuncias realizadas por cuatro hombres que estuvieron detenidos en Guantánamo. Ellos son el español Hamed Abderramán Ahmed, Lhacen Ikassrien, marroquí residente en España, Jamiel Abdelatif Al Banna, palestino, y Omar Deghayes, de origen libio.

“Todos denunciaron que habían sufrido la práctica de diferentes actos de agresiones físicas o psíquicas sobre sus personas durante el tiempo de sus detenciones en diferentes países, siempre bajo la autoridad de personal del ejército norteamericano, al que fueron entregados tras su detención en Afganistán, Pakistán y Gambia”, afirma el auto.

Tanto Hamed Abderramán Ahmed como Lhacen Ikassrien fueron absueltos por la Justicia española del delito de integrar la organización terrorista Al Qaida, y en cuanto a Jamiel Abdelatif Al Banna y Omar Deghayes, la Justicia española dictó órdenes de detención que anuló posteriormente. Según Jamiel Abdelatif, el palestino, en Guantánamo fue sometido a unos mil interrogatorios en sesiones de 2 a 10 horas diarias incluso dos veces al día, en condiciones extremas de calor o frío y sujeto por grilletes en pies y manos.

Según se desprende de los otros testimonios, a los ex prisioneros se los habría sometido a luz permanente, música alta y golpes en los testículos a lo largo de la mayor parte de los interrogatorios.

Para reforzar su investigación, Garzón reveló que ya solicitó al titular del Juzgado de Instrucción 2, Ismael Moreno, que le remita la investigación que tiene abierta por los vuelos secretos de la CIA con destino a Guantánamo.

La Justicia española reconoce desde 2005 la jurisdicción universal para investigar crímenes contra la humanidad, genocidio y torturas cometidas en todo el mundo. Aplicando estos mismos principios, Garzón, de 53 años, saltó a la fama en 1998 por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.