Un juez español decidió ayer, pese a la oposición de la Fiscalía de su país, seguir investigando las denuncias sobre crímenes contra la humanidad de los presuntos responsables israelíes por un bombardeo en Gaza en 2002, tras invocar una falta de actuación por parte de Israel.

La investigación del magistrado Fernando Abreu se basa en una querella presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos, que denuncia un ataque aéreo israelí ocurrido el 22 de julio de 2002 en Gaza, en el que murieron un dirigente de Hamas, Salah Chehadeh, y otros catorce civiles palestinos, hiriendo además a otras 150 personas.

Tras conocerse su decisión, la reacción israelí no se hizo esperar. Ehud Barak, ministro de Defensa israelí, anunció que utilizará todas sus influencias para parar la causa. “Tengo la intención de contactar a los ministros españoles de Asuntos Exteriores y de Defensa y, si es necesario, al presidente del Gobierno, para que la causa sea anulada”, aseguró el ministro laborista.

La causa apunta al ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros seis altos responsables militares israelíes. Ya el 2 de abril del 2008, la Justicia española, a través de la fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal en el país, pidió archivar el caso, cuya apertura a finales de enero había provocado la ira de Israel y una situación incómoda para el gobierno español.

La Justicia española se adjudicó a sí misma desde 2005 una competencia universal para investigar sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el mundo entero en el caso de que los países de origen no lo hicieran.

Sin embargo, en España ya se oyen voces desde el propio Poder Judicial que piden modificar este principio. “No nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo o estar en conflicto diplomático diario”, se quejó Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces españoles.