Desde Santa Cruz

El fiscal Marcelo Soza, que investiga a la supuesta banda terrorista desbaratada en Santa Cruz, llamó a declarar a una veintena de representantes de la “crema camba”, cruceños de alto poder adquisitivo. Todos habrían colaborado con el grupo del fallecido Eduardo Rózsa, según declaraciones de los detenidos. Entre los implicados figuran el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas; el ex presidente cívico Branko Marinkovic; el actual vicepresidente del comité, Guido Nayar; el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, y muchos más. Los acusados dijeron que se trata de un “boicot” al proceso autonómico que viven varios departamentos opositores al gobierno de Evo Morales. Se declararon inocentes y adelantaron que no concurrirán a testimoniar a La Paz, porque tienen dudas de que les permitan volver a Santa Cruz.

Soza solicitó “resguardo personal por una amenaza que he recibido a través de un mensaje de texto. A pesar de esas amenazas, se cumplirá con la ley. Y la obligación del ministerio público es convocar a las personas involucrada en un ilícito, así sean políticos”.

Hasta el momento hay cuatro detenidos. Dos son el húngaro Elód Tóasó y el boliviano-croata Mario Tadic, atrapados el 16 de abril por el operativo policial en que fueron acribillados otros tres miembros de la banda: el boliviano-húngaro-croata Rózsa, el húngaro-rumano Arpád Magyarosy y el irlandés Michael Dwyer. Ayer, fragmentos de sus declaraciones ante la Fiscalía fueron difundidos por el canal Unitel.

Tadic sostuvo que vino al país para bajar manuales militares de Internet, traducirlos y entregarlos a Rózsa, quien se encargaría de preparar una milicia. Contó que trabajaba con “manuales militares, de inteligencia, de táctica militar, de guerra, apoyo logístico, supervivencia, ingeniería, comunicaciones, unidades en la lucha humana armada, exploración de terreno y administración de personal”.

–¿Con qué objeto bajaba esos manuales militares? –preguntó el fiscal.

–Para que se impusiera el castellano y así montar una institución militar paralela, una guardia departamental, tener una propia policía –dijo Tadic.

Tóasó, en su declaración, afirmó que “Eduardo (Rózsa) me ha utilizado y probablemente a las otras personas, porque él no hablaba con nadie. No teníamos relación de amistad con Eduardo”.

Recordó que hace veinte noches, en el hotel Las Américas, despertó “porque había disparos y segundos después abrieron la puerta. Vi un policía con un arma e inmediatamente me eché al piso. Me sindican de terrorista y narcotraficante y no entiendo por qué. No soy terrorista, no tengo la filosofía de matar animales ni menos a hombres. Un hombre de barba me dijo que, como era gringo y terrorista, en la cárcel muchos cholos me iban a violar, golpear y otras cosas”.

Los otros dos detenidos son Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, ex integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que gozarán de prisión domiciliaria en atención a los datos entregados a los investigadores. Sobre los dichos de los cuatro detenidos, la Fiscalía hizo una lista de veinte personas que deberán pasar a declarar por La Paz. También hay un testigo que habría delatado los planes separatistas. Sería Ignacio Villa, un taxista de 51 años con una enfermedad terminal y un largo prontuario como estafador, que lo llevó varias veces a la cárcel.

Aparte de Costas, Marinkovic, Nayar y Roca también fueron mencionados Pedro Yovhío, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz; Carlos Guillén, vicepresidente del club Blooming; Juan Kudelka, ejecutivo de la aceitera IOL, de Marinkovic; y Lucio Añez, ex general de las fuerzas armadas, entre otros.

Entre los prófugos se cuentan Hugo Achá, representante en Bolivia de la Human Rights Foundation; Alejandro Melgar, abogado vinculado con la Cámara de Industria y Comercio del Oriente (Cainco); Luis Hurtado Vaca, funcionario de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), cuyo stand de la Feria de Exposiciones de Santa Cruz (Fexpocruz) habría funcionado como sitio de encuentro de los conjurados. En ese lugar, la policía incautó armas y explosivos.

Según los testimonios, Marinkovic habría aportado al grupo de Rózsa 200 mil dólares para la compra de armas. Esta suma se habría entregado a unos ex carapintadas argentinos que nunca volvieron ni con armas ni con dinero. Consultado por Página/12, el embajador argentino en Bolivia, Horacio Macedo, indicó que “aún no hemos recibido ninguna solicitud de colaboración al respecto”.