El presidente boliviano, Evo Morales, amenazó con romper relaciones diplomáticas con Perú si el gobierno de Alan García no reveía su decisión de dar asilo político a tres ex ministros bolivianos. “Es inadmisible lo que hizo el presidente de Perú al conceder asilo a tres personas que tienen cuentas pendientes con la Justicia de Bolivia”, se quejó el mandatario en una conferencia de prensa en el Palacio Quemado.

En los últimos días el gobierno peruano otorgó asilo político a Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia, ex ministros de Desarrollo Económico, Participación Popular y Salud del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Los tres ex funcionarios debían presentarse esta semana en los tribunales bolivianos para enfrentar el primer juicio por la masacre de octubre de 2003, cuando la represión indiscriminada del gobierno de Sánchez de Lozada intentó desmovilizar a los movimientos sociales. No lo logró, pero en el camino 67 personas murieron.

Para Morales, su par peruano está defendiendo a dirigentes acusados de genocidio, tal como lo hacía el ex presidente de Estados Unidos George W. Bush. “Antes el presidente Bush acogía, recogía y protegía a los delincuentes. Ahora lo hace Alan García en Perú. Estamos analizando seriamente estas actitudes del presidente peruano y su gobierno, que ponen en alto riesgo las relaciones diplomáticas con el pueblo boliviano”, advirtió. A pesar que los principales responsables políticos no están en el país –además de los tres ex ministros asilados en Perú, Sánchez de Lozada está refugiado en Estados Unidos junto con algunos de sus antiguos funcionarios–, las audiencias comenzaron ayer en Bolivia como estaba pautado.

A la audiencia de ayer en Sucre asistieron tres ex ministros que aún permanecen en Bolivia, Erick Reyes Villa, Adalberto Kuajara y Dante Pino, además de cinco miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de esa época, Roberto Claros, Gonzalo Rocabado, Juan Véliz, Luis Alberto Aranda y José Oswaldo Quiroga. Sin embargo, el fiscal Milton Mendoza adelantó que se fijará una nueva audiencia para dictar las medidas cautelares contra los acusados.