Desde Santa Cruz

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, fue suspendido por la Cámara de Diputados –controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS)– que llegó al quórum con lo justo. El magistrado, acusado de “retardación de justicia” en el caso por la masacre de octubre de 2003, evaluó que se trata de una medida “política” del gobierno de Evo Morales. En los próximos días se encargará de juzgarlo el Senado, manejado por la oposición. Fernández confió en que los legisladores de partidos de derecha serán benevolentes y le restituirán su asiento. Dentro de tres días debía iniciar el proceso contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, más otros 16 ex ministros y militares, acusados de ordenar la matanza de 67 personas en 2003. La Corte, que quedó con siete miembros, todavía puede comenzar el juicio.

“Como el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, ha sido suspendido, en mi condición de decana de este organismo asumo el cargo en forma interina. Seguirán normalmente todos los trámites judiciales que se ventilan en este órgano judicial, como los juicios de responsabilidades y más 7000 procesos pendientes”, dijo ayer la magistrada que ocupó la presidencia, Beatriz Sandoval de Capobianco.

El diputado René Martínez, del MAS, pidió a los senadores algo imposible: que no sean opositores. “Esperamos que en el Senado pueda más la lectura jurídica de los hechos y el derecho legítimo que tienen las víctimas para reclamar una justicia pronta. Si esto es así, vamos a tener un resultado coherente. De lo contrario, si quieren tomar una consigna política, será la opinión pública la que sancione esto.”

La sesión en el Congreso había comenzado el martes por un pelo. De los 130 diputados, había 67. De ellos, 62 –del oficialista MAS todos– votaron por comenzar el juicio a Fernández. Tuvieron que agradecer a cuatro opositores, tres de Unidad Nacional (UN) y otro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), los únicos que votaron en contra del inicio del juicio, pero que lo avalaron con su presencia. El resto de los legisladores permanecieron afuera del recinto, desde donde gritaban “traidores” a los cuatro no tan opositores.

“Vamos a hacer conocer todos estos atropellos. No sólo el país tiene que estar enterado de lo que sucede, sino también la comunidad internacional para que no se permita la desinstitucionalización del país”, dijo Fernández a la salida del Congreso.

Los diputados del MAS lo acusaron de “retardación de justicia” en al menos tres juicios de responsabilidades: contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex gabinete, contra el ex ministro de Salud Tonchi Marinkovic –que hace 10 años compró vacunas con sobreprecio– y contra el ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle Ureña, acusado de variadas irregularidades. Para el diputado Gustavo Torrico, del MAS, “lo único que le falta la Corte Suprema es poner una vitrina y poner su lista de precios. Aquí no hay justicia, aquí vale tu billetera”.

Dentro de cinco días, el expediente de Fernández pasará de la Cámara de Diputados a la de Senadores. Allí tendrán 10 días para notificar a las partes, que deberán presentar sus alegatos. Luego iniciarán el juicio.

Por la masacre de octubre de 2003 hay 17 imputados: Sánchez de Lozada (actualmente refugiado en Miami) y 11 de sus ministros. Varios de ellos acompañan a Lozada en su exilio estadounidense. Otros tres recientemente consiguieron alojamiento en la vecina Perú, por gracia del gobierno de Alan García y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Argumentaron que aún no está probado que sean delincuentes Mirtha Patricia Quevedo, ex ministra de Participación Popular; Javier Torres Gotilla, ex ministro de Salud y Deportes; ni Jorge Ernesto Torres Obleas, ex ministro de Hacienda. El presidente Morales solicitó al gobierno peruano que no diera “asilo a delincuentes”. Con estas palabras, en Acnur y Perú consideraron que efectivamente no hay condiciones en Bolivia para que los ex ministros gocen de un juicio justo.

El juicio comenzará el 18 de mayo con la presencia de sólo tres ex ministros que quedaron en Bolivia y cinco militares acusados. “Aquí hay un juego de intereses para contaminar este proceso, de modo que el juicio por este delito gravísimo se posponga hasta la eternidad. Así piensan garantizar la impunidad de los poderosos, con la complicidad internacional además, ya que Perú y EE.UU. son parte de este jugo de intereses”, dijo a Página/12 Faid Villavicencio, del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

“Uno de los mayores escollos para tener justicia era la presencia de Fernández. Pero aún quedan otros cómplices en la Corte, que son herencia del neoliberalismo”, agregó Villavicencio. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, denunció que hace días el juez suspendido vendió cinco propiedades en Cochabamba por 24 mil dólares. De esta manera, dijo, Fernández espera evitar resarcir a las víctimas de octubre de 2003 por el daño civil que causó con su actuación.