Desde Lima

Acorralado por las críticas luego de la masacre de indígenas amazónicos ocurrida el viernes en la selvática localidad de Bagua, que ha dejado más de 50 muertos, entre nativos y policías, el gobierno de Alan García ha endurecido su discurso represivo y se defiende acusando a los indígenas por la violencia. Las comunidades selváticas están en pie de lucha contra el gobierno desde hace dos meses, exigiendo la derogatoria de una serie de leyes que promueven el ingreso a la Amazonia de empresas transnacionales para explotar hidrocarburos, madera y biocombustibles sin consultarles a las comunidades indígenas, cuyas tierras se verían afectadas por las operaciones de las transnacionales. Tratando de justificar la represión, el gobierno ha denunciado que la protesta indígena formaba parte de una supuesta “conspiración internacional” para derrocarlo.

En un discurso ante un auditorio formado por militares, García habló de un “complot contra la democracia”, el cual, según su versión de la realidad, estaría promovido por sus opositores internos y por “intereses extranjeros”, que, señaló, “han manipulado a los indígenas y los han azuzado a la violencia”. García no identificó los “intereses extranjeros” de los que habló, pero el vocero parlamentario del partido oficialista, Aurelio Pastor, fue más explícito y acusó directamente a los gobiernos de Venezuela y Bolivia de promover las protestas indígenas. La acusación generó un nuevo intercambio de acusaciones entre Lima y los gobiernos de Caracas y La Paz, que mantienen relaciones diplomáticas tensas. Venezuela y Bolivia respondieron la acusación negando tener alguna intervención en las protestas de los indígenas peruanos y responsabilizando al gobierno peruano por la matanza de los indígenas. La ministra venezolana para los pueblos indígenas, Nicia Maldonado, dijo que el gobierno peruano había cometido “un genocidio” y lo acusó de “fascista”. Por su parte, Celima Torrico, ministra de Justicia de Bolivia, acusó al gobierno peruano de no atender las demandas de los indígenas y lo responsabilizó de “tanta matanza”.

El líder de la protesta indígena, Alberto Pizango, a quien el gobierno pretende responsabilizar de la muerte de los 24 policías fallecidos en los enfrentamientos con los nativos, pidió ayer asilo en la embajada de Nicaragua. El gobierno había desatado una cacería policial contra Pizango, acusado de rebelión, ataque a las fuerzas armadas y homicidio, entre otros delitos. El anuncio del pedido de asilo lo hizo el primer ministro, Yehude Simon, durante una larga y accidentada presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, marcada por las acusaciones a gritos entre el gobierno y la oposición y que al momento del envío de esta nota todavía continuaba. Simon acudió al Congreso acompañado de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Ambos repitieron el discurso oficial de culpar de la violencia a los indígenas y a supuestos “agitadores”, tanto internos como externos. La oposición, encabezada por el Partido Nacionalista (PN), del ex candidato presidencial Ollanta Humala, acusó al gobierno de tener las manos manchadas de sangre y exigió las renuncias de Simon y Cabanillas, que respondieron apuntando el dedo acusador contra el PN, al que responsabilizaron de “haber azuzado la violencia” al respaldar los reclamos de los indígenas

“Ignorantes”, “salvajes”, “cobardes”, “asesinos de policías”, “terroristas” son algunos de los epítetos que los principales voceros del gobierno han disparado contra los indígenas en los días siguientes a la masacre de Bagua. En la Amazonia, que ha sido militarizada, continúa la tensión. En Bagua los nativos han comenzado a replegarse a sus comunidades, pero en otras localidades de la Amazonia, como Yurimaguas, mantienen bloqueadas algunas vías. Los indígenas han acusado a las fuerzas de seguridad de estar desapareciendo los cadáveres de nativos caídos en la represión policial, arrojándolos al río o cremándolos, y aseguran que hay cerca de un centenar de desaparecidos. El gobierno insiste en reconocer solamente la muerte de nueve nativos, cifra desmentida por todas las versiones que llegan de la zona de la matanza y que coinciden en que los nativos muertos son alrededor de treinta.