Desde Bagua

El movimiento indígena peruano logró una histórica victoria, luego de que el Congreso anuló ayer las llamadas “leyes de la selva”, por una abrumadora mayoría de 82 votos a favor, doce en contra y dos abstenciones. “Hemos ganado, nos sentimos triunfadores, pero es lamentable que el gobierno, que pudo haber solucionado esto antes, haya esperado que se dé tanta violencia, que hayan tantos muertos, para derogar estas leyes”, le dijo a Página/12 Salomón Awananch, presidente del comité del paro amazónico. Fue un triunfo que les costó sangre a los nativos de la Amazonia. Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos 34 muertos, más de 60 de-saparecidos y más de un centenar de heridos. Además, los indígenas han debido soportar la persecución contra sus principales dirigentes y una implacable campaña de satanización en su contra.

Con la decisión del Congreso quedó sellada la mayor derrota política del presidente Alan García desde que asumió el poder, hace tres años. La protesta indígena y la reacción en contra de la represión policial lo dejaron aislado y enfrentado a un creciente movimiento social que se multiplicó por todo el país, y no tuvo otra alternativa que retroceder. Fue el propio gobierno el que le pidió al Congreso que se anulen las leyes. La convulsión social que tenía jaqueado al gobierno no le dejó al presidente García otra salida que retroceder.

Con la anulación de las leyes rechazadas por los indígenas por facilitar el ingreso de las transnacionales a sus tierras, el movimiento indígena llamó a sus bases a terminar la huelga que empezó el 9 de abril y a desbloquear las carreteras. Los nativos comenzaron a replegarse. Daysi Zapata, quien reemplaza en el liderazgo del movimiento indígena a Alberto Pizango, asilado en Nicaragua, calificó la jornada de ayer como “un día histórico”. “Se ha demostrado que nuestras demandas eran justas”, dijo Zapata. La oposición también celebró la derogatoria de las cuestionadas leyes. Los congresistas del oficialismo insistieron en defender las leyes rechazadas por los indígenas, pero al final votaron por su anulación.

“Apoyamos estas leyes, pero votamos en contra de ellas por razones de Estado”, dijo Mauricio Mulder, congresista y secretario general del oficialista partido aprista, justificando el cambio de posición de su bancada, que hace dos semanas, antes de que se produzca la matanza de Bagua, había impedido la anulación de estas leyes. El cambio de postura del oficialismo comenzó el último domingo, cuando el presidente García varió su discurso confrontacional, dejó de lado sus amenazas de endurecer la represión y, por primera vez, habló de diálogo. Al día siguiente, el primer ministro, Yehude Simon, firmó un acta con los indígenas para anular las leyes, lo que finalmente se concretó ayer. El miércoles en la noche, García dio un mensaje al país admitiendo que el gobierno había cometido errores en su trato con los indígenas y dijo que había que “volver a empezar”.

Golpeados y todavía conmocionados, los indígenas celebraron en silencio su victoria. En Bagua, epicentro de la represión contra los nativos amazónicos, nadie salió a las calles a celebrar el triunfo. La mayoría de los indígenas han regresado a sus comunidades, selva adentro, pero algunos permanecen en Bagua, reclamando por los detenidos y los desaparecidos. Entre ellos se respira un ambiente de desconfianza y temor. La derogatoria de las leyes rechazadas por los indígenas fue tomada con satisfacción y alivio por la población no indígena de la ciudad de Bagua, que apoyó la lucha de los nativos y que también sufrió la represión policial. Ahora, la ciudad exige que se eliminen el estado de emergencia y el toque de queda, que rige a partir de las nueve de la noche.

Con la anulación de las leyes se reanudará el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas, que reúnen a unos 300 mil pobladores, y el gobierno. Pero ese diálogo no será fácil. La primera exigencia de los indígenas será el cese de la persecución contra sus principales dirigentes, que tienen orden de captura. El líder indígena, Alberto Pizango, debió viajar el martes a Nicaragua como asilado político, luego de que el gobierno lo acusara de “azuzar a la violencia” a los nativos y se ordenara su captura. “Para continuar el diálogo, vamos a exigir que se anulen las órdenes de captura contra nuestros dirigentes, incluido Pizango. Son cerca de veinte dirigentes que tienen orden de captura. También exigiremos que se libere a los que siguen encarcelados (quedan 18 detenidos). Si el gobierno no hace eso, entonces nos retiraremos del diálogo. Estamos felices por la anulación de las leyes, pero seguimos muy afectados y dolidos por la forma cómo nos trató el gobierno”, le señaló a este diario Salomón Awananch antes de viajar a Lima para incorporarse al diálogo con el gobierno.

El gobierno se la jugó a fondo por unas leyes que buscaban facilitar el ingreso de las transnacionales a la Amazonia y terminó perdiendo. Ahora debe comenzar un diálogo con los indígenas con las heridas de la represión todavía abiertas y en una situación de mucha desconfianza. Lo que se viene no será fácil.