En Honduras, los militares salieron ayer a la calle y consumaron un golpe de Estado. Con el aval de la Corte Suprema, el presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue secuestrado y enviado en avión a Costa Rica, desde donde responsabilizó a sectores de la elite económica local por su deseo de poder y reafirmó que sigue siendo el único jefe de Estado hondureño. “Sólo el pueblo me puede quitar o poner. No va a ser un grupo de gorilas el que me va a arrebatar el poder moral que me dio el pueblo de mi país”, afirmó Zelaya, respaldado por su homólogo local, el presidente costarricense Oscar Arias. Sin embargo, en Tegucigalpa, los golpistas avanzaron con sus planes y ya nombraron como nuevo presidente al jefe del Congreso, Roberto Micheletti. El sistema interamericano y su capacidad para salir en defensa de la democracia se puso a prueba una vez más y la OEA ya condenó el golpe y exigió la restitución inmediata de Zelaya; lo propio hizo la ONU y, al cierre de esta edición, el repudio hemisférico y mundial era unánime.

Washington también les negó legitimidad a los golpistas. “Zelaya es el único presidente que reconozco y quiero dejarlo muy en claro”, señaló Barack Obama desde la Casa Blanca. “Honduras no está sola”, lanzó a su vez Hugo Chávez desde Caracas, tras lo cual anunció una batalla continental para reponer al mandatario en su puesto y convocó a una reunión de emergencia a los países del ALBA para hoy en Nicaragua. La canciller hondureña, Patricia Rodas, seguía ayer secuestrada en la base de la Fuerza Aérea de la capital y los militares impusieron el toque de queda.

El conflicto se desencadenó a propósito de una consulta electoral. Zelaya intentaba ayer consultar a los hondureños acerca de si estaban o no de acuerdo en votar, junto a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la Constitución y, de ese modo, incluir, entre otras cosas, la posibilidad de una reelección presidencial, inexistente en la Carta Magna de ese país. Sin embargo, en Honduras el único organismo con facultades para llamar a una consulta popular es el Congreso y, por eso, la Corte Suprema y el Poder Legislativo habían dictaminado que la medida era ilegal.

El jueves pasado la tensión se derramó por las calles por primera vez cuando el mandatario le ordenó al jefe del Comando Conjunto del Ejército, el general Romeo Vázquez, que se encargara de la logística de la consulta y éste se negó bajo el argumento de que las fuerzas armadas no cumplirían con una tarea que la Justicia había declarado ilegal. Zelaya echó a Vázquez, fue personalmente en busca de las urnas y comenzó a distribuirlas por todo el país. Los militares, en respuesta, salieron a la calle en defensa de su jefe y la Corte Suprema restituyó a Vázquez en su cargo.

Hubo negociaciones secretas, el viernes Zelaya declaró que “perdonaba” a Vázquez por su acto de insubordinación y, durante 48 horas, la calma pareció volver al país centroamericano. Pero en medio de todo esto, la movilización para realizar la consulta popular continuó y ayer la Corte Suprema les ordenó a los militares remover al presidente democráticamente electo, confiscar las urnas y llevar a cabo un golpe de Estado.

Danilo Izaguirre, vocero del Poder Judicial, fue el encargado de encontrar las palabras necesarias para evitar hablar de un golpe. “El Poder Judicial deja constancia de que el origen de las acciones del día de hoy está basado en una orden judicial emitida por juez competente, y por ello su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales”, arguyó el comunicado leído por el vocero.

Pero más allá de la jerga jurídica, la movida fue como en tiempos de la Guerra Fría o, más recientemente, como durante el intento fallido de golpe en Venezuela en abril de 2002. Hacia las cinco de la madrugada hora local, un grupo de militares encapuchados entró en la residencia del mandatario a punta de fusil y lo removió de su cargo. Varios tanques rodearon la Casa de Gobierno y diversos helicópteros coparon el cielo de Tegucigalpa.

Los golpistas, incluso, secuestraron y golpearon durante un par de horas a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la reacción del mandatario bolivariano, que amenazó con acciones militares si volvían a tocar a su representante.

A partir de ese momento, y a pesar de las condenas que comenzaban a llegar desde todos los países de la región anunciando que no reconocerían al nuevo gobierno de facto, los militares y civiles prosiguieron con sus planes de manera implacable.

El pleno del Congreso se reunió en la Cámara. El secretario legislativo, Alfredo Saavedra, leyó una supuesta carta de renuncia del mandatario que Zelaya se encargó de desmentir inmediatamente desde Costa Rica y, acto seguido, a mano alzada y en menos de un minuto, los legisladores aceptaron la falsa renuncia y aprobaron una moción de censura e inhabilitación en contra del legítimo presidente por supuestas desviaciones del marco constitucional. Una hora después, la ilegalidad llegó a su punto más alto y los legisladores, sin más, nombraron como nuevo presidente de facto a Roberto Micheletti.

Micheletti, hasta ese momento presidente del Parlamento, negó que hubiera habido un golpe, afirmó que gobernará como manda la Constitución y anunció un gobierno de unidad nacional. “Lo que hemos hecho aquí es un acto democrático. Les aseguro que llevaré adelante un gobierno de conciliación y diálogo nacional”, precisó el presidente de facto.

Mientras tanto, desde Costa Rica, Zelaya fue claro. “Este secuestro es un retroceso de 50 años a la época de las dictaduras. Yo quiero retornar al país, jamás renuncié y soy el presidente legítimo de los hondureños. Espero el apoyo de todos los demócratas de la América entera”, afirmó.

Ayer, a última hora de la tarde, y a pesar del toque de queda impuesto por los militares, miles de hondureños continuaron copando las calles de la capital para reclamar por la restitución de su presidente, al que llaman “el presidente de los pobres”. “Queremos que nos entreguen a Mel”, se escuchaba ayer entre la multitud. “El pueblo se atrincheró y no acepta lo que está pasando”, expresó Amable Hernández, un dirigente social.