Desde Washington

Al cierre de esta edición la OEA se preparaba a suspender a Honduras como miembro del organismo, pero estaba a un paso de desestimar que su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, acompañara al presidente derrocado Manuel Zelaya a retomar el poder, ante la evidencia de que eso llevaría a una situación de extrema violencia. Si Insulza no regresa con Zelaya a Honduras, tampoco lo hará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colegas Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay) y Leonel Fernández (República Dominicana), que se proponían viajar acompañando a la OEA en respaldo de Zelaya.

De ser así Cristina regresará a Buenos Aires con la satisfacción de haber acompañado ayer la decisión de la OEA de suspender a Honduras del organismo internacional, que tiene como único antecedente la suspensión de Cuba en 1962. La medida implica que los países miembros no darán cooperación. En la práctica lo más sensible para el nuevo régimen será que el BID no dará préstamos y Estados Unidos disminuirá notablemente su ayuda militar. La fuerte presión que ejerció Zelaya en todas las reuniones que mantuvo ayer en la sede de la OEA no alcanzó frente al panorama que describió Insulza ante la asamblea del organismo.

Según pudo saber Página/12, el presidente depuesto sostenía para convencer a sus interlocutores que entre 100.000 y 200.000 personas irían a esperarlo al aeropuerto en su apoyo. Pero Insulza regresó ayer de Tegucigalpa –luego de reunirse con miembros de la Corte Suprema, dirigentes de partidos políticos y de la jerarquía eclesiástica– con la negativa rotunda de devolverle el poder a Zelaya, derrocado por un golpe cívico-militar el domingo pasado. Y a la vez planteó un panorama sombrío y de casi inevitable violencia. Así el caso Honduras, quedó atrapada entre permitir que siga el régimen de facto o atizar enfrentamientos violentos entre el nuevo régimen y los partidarios de Zelaya. Nadie parecía querer ninguna de las situaciones, pero sabían que tenían que optar y que cualquiera de las dos decisiones dejaría una sensación de desazón.

La idea original, según la había anticipado ayer la propia Presidenta a Página/12, era viajar el hoy a las 8 de la mañana con Insulza, Correa, Lugo, Fernández y enviados de la ONU para acompañar a Zelaya, vencido el plazo de 72 horas que impuso la OEA para restituirlo. Pero en ese mismo comentario la Presidenta advirtió que debía esperar el informe de Insulza para tener una acabada visión de lo que allí ocurre. A media tarde de ayer el canciller Jorge Taiana, cuando regresaba al hotel luego de un cuarto intermedio antes del informe de Insulza, también puso en duda el regreso de Zelaya. Cuando se le preguntó si peligraba el viaje, contestó con un gesto que se aproximaba a la afirmación.

Es que antes de su informe oficial, Insulza había declarado a la prensa que no podía inmiscuirse en lo que decida Zelaya respecto a regresar o no a su país. Pero indirectamente le aconsejó no hacerlo: “Nosotros no nos vamos a involucrar en la decisión. Ahora creo que sí existe un clima de mucha tensión y de violencia y por cierto que él tendrá que evaluar bien la situación que se produce. Nadie más que él quiere mantener la paz en su país y que no haya hechos que lamentar”. Lo mismo repitió anoche ante sus pares, con el agravante de que el representante de Nicaragua denunció que el gobierno de facto de Roberto Micheletti, si regresaba Zelaya, iba a generar un autoataque a miembros de sus fuerzas armadas para acusar luego de ello a su país, a Cuba y a Venezuela. La denuncia de Nicaragua, lejos de favorecer los planes de regreso, no hizo más que reforzar la idea de inminente violencia, temida por muchos de los 34 países que integran la OEA, entre ellos Canadá, que la hizo explícito en la asamblea, y Estados Unidos, que dio a conocer la misma posición reservadamente.

Las definición de Insulza fue que “no existe predisposición para retornar al orden institucional”. Es lo que le quedó en claro después de entrevistarse en Tegucigalpa con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de que el presidente del tribunal, Jorge Rivera, le dijera que la destitución de Zelaya era “irreversible”. Algo similar le expresó el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quien, según contó Zelaya, fue su profesor en una escuela religiosa. El obispo también aludió a “un baño de sangre” si regresaba su ex alumno.

Las discusiones fueron extenuantes a lo largo de todo el día. En una de tantas reuniones, antes de la asamblea, Cristina analizó la situación con Insulza y Zelaya, acompañada por Taiana y el ministro de Justicia Aníbal Fernández, el embajador en Estados Unidos Héctor Timerman y el embajador ante la OEA Rodolfo Gil. Allí Zelaya tuvo un anticipo de lo difícil que era encontrar una salida que incluyera su regreso inminente.

Luego del informe de Insulza y las intervenciones de Nicaragua y Canadá, Taiana, que presidió la asamblea, llamó a otro cuarto intermedio, aunque entre discusión y discusión los delegados hicieron un parate para comer a las apuradas sandwich de pollo y fiambre, y espiar desde los ventanales del edificio los fuegos artificiales frente al Capitolio, tradición en el Día de la Independencia. En un debate que se preveía abarcar parte de la madrugada de hoy, la Presidenta iba a hablar ante la asamblea y allí dejaría entrever su postura respecto del acompañamiento, que se transformó en el eje de todas las discusiones. La OEA desestimó además la jugada del gobierno de facto hondureño de renunciar al organismo. “No tiene ningún efecto. Porque no puede renunciar a la OEA un gobierno que no está reconocido por la OEA”, dijo Taiana. En los mismos términos se expresó Insulza. La explicación que dio el gobierno de facto a través de la vicecanciller Marta Alvarado fue que “se tomó esa determinación debido a que la OEA es un ente político y no jurídico, y por eso no puede juzgar a Honduras por cuestiones jurídicas que no entiende. Además Insulza no escuchó los planteamientos de Honduras y menospreció los documentos que le entregaron respecto a los delitos cometidos por el ex presidente”. Los golpistas acusan a Zelaya de haber violado la Constitución al intentar reformarla para incluir la posibilidad de la reelección presidencial.

Entre todas las posiciones fue especialmente escuchada aquí la de Estados Unidos. Su embajador en Honduras, Hugo Llorens, fue terminante: “Para el presidente Barack Obama el único presidente de Honduras es Manuel Zelaya”. La definición de Llorens tiene suma importancia no sólo por el obvio peso de Estados Unidos, sino porque el gobierno de facto de Honduras decía tener confianza en que Obama terminaría aceptando la situación de hecho.

También jugó un papel importante en la redacción del documento de suspensión los matices de dureza en el laberíntico lenguaje diplomático. Sus términos, por supuesto, fueron más moderados que los que planteaba Venezuela, por ejemplo. Argentina fue uno de los que tuvo posiciones más firmes, ya que tomó medidas como postergar el envío de su nuevo embajador a Honduras y suspender la cooperación militar con ese país, además de darles asilo en su embajada en Tegucigalpa a ex funcionarios de Zelaya.