El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva envió esta semana un proyecto de ley al Congreso para restringir el acceso de los extranjeros a la Amazonia, una región considerada estratégica para la seguridad nacional, según las Fuerzas Armadas brasileñas. “Quien visite áreas indígenas, quilombolas (aldeas fundadas por descendientes de esclavos) y de seguridad nacional necesitará de una autorización”, señaló un comunicado del Ministerio de Justicia en Brasilia. “La autorización –aclaró el texto– será sólo por un plazo determinado.”

La medida es un viejo reclamo de los militares, quienes no se cansan de advertir sobre la importancia geopolítica y económica de la región, cuestión reconocida, entre otros, por incontables informes de seguridad de Estados Unidos. Pero la restricción también es un guiño del presidente Lula, quien ayer recibió el premio de la Paz de la Unesco en Portugal por sus esfuerzos por la igualdad de derechos y la erradicación de la pobreza hacia las comunidades indígenas que viven en la Amazonia.

A principio de año, después de una fuerte puja política con trasnacionales y los propios militares, el gobierno brasileño consiguió entregar títulos de propiedad a las comunidades originarias de extensas tierras en el corazón de una de las regiones más ricas del mundo en biodiversidad. Ahora el Palacio del Planalto agregó un nuevo reaseguro para proteger a esas comunidades, que muchas veces quedan por fuera de la protección del Estado. Quien no tenga la autorización del Estado nacional o ejerza una actividad diferente a la autorizada perderá su visa y será retirado del país, según explica el proyecto de ley que ahora deberá ser discutido en las dos cámaras del Congreso. Si los legisladores mantienen el texto original, las multas podrían ir desde 2600 hasta 52 mil dólares. El paquete de medidas dirigidas a la Amazonía no termina allí. El gobierno brasileño también está discutiendo la regulación de la actuación de las ONG en la región y anunció que en un futuro próximo restringirá la compra de tierras por parte de extranjeros. La Nueva Ley de Extranjeros enviada la semana pasada al Congreso pretende ser una versión más moderna que la vigente de 1980, cuando por primera vez el gigante sudamericano comenzó a imponer restricciones en esta cuestión.

La oposición más conservadora atacó el paquete de medidas y anuncios acusando al presidente de xenofobia y de querer implantar un nacionalismo extremo. Lula no respondió a las críticas; prefirió lanzar una contraofensiva más efectiva. La semana pasada aprobó una amnistía que podría beneficiar a 60 mil inmigrantes en situación irregular, a los que Brasil dará permiso de residencia permanente, trabajo y acceso a salud y educación públicas. Al hacer el anuncio, el mandatario brasileño recordó que mientras los países ricos restringen y persiguen la inmigración, su gobierno les abre las puertas.