Tras incontables idas y vueltas y dos meses y medio después de desautorizarla por enésima vez, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, volvió ayer a autorizar a la senadora opositora Piedad Córdoba a participar en la entrega de secuestrados en manos de la guerrilla de las FARC. “La senadora Córdoba tiene el aval del gobierno para hacer las gestiones pertinentes”, aseguró el mandatario antes de subirse a un avión rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, el visto bueno de Uribe no llegó libre de condicionamientos. “Pero la guerrilla debe dejar de entregar rehenes por etapas y liberarlos a todos de una vez en forma simultánea”, agregó, además de señalar que la mediación debe realizarse en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia Católica.

Las FARC habían anunciado el pasado mes de abril la liberación unilateral de 24 militares y policías que tienen secuestrados, entre ellos el rehén que lleva más tiempo consumiéndose en la selva, el cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, secuestrado en diciembre de 1997 y cuyo padre cobró notoriedad por realizar caminatas a lo largo de todo el país con un enjambre de cadenas atadas al cuello y las muñecas.

Al momento de realizar el anuncio, la guerrilla había exigido como requisito para empezar a negociar las coordenadas de la liberación la presencia en el acto de Córdoba y el padre de Moncayo. Sin embargo, en ese momento Uribe echó por tierra las esperanzas de los familiares al apurarse a decir que ni la senadora liberal, a la que acusó públicamente en varias ocasiones de ser una colaboradora de la guerrilla, ni el profesor de escuela Gustavo Moncayo tenían el permiso del gobierno para participar en el operativo. Según el mandatario, su presencia convertiría la entrega en un “show político”, por lo que, sin más, cualquier aspecto logístico debía ser coordinado por el alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, el CICR, las fuerzas armadas y la Iglesia.

Las FARC, por su parte, se limitaron a declarar que no tenían objeciones en cuanto a la presencia del CICR y de la Iglesia, pero que ello era “insuficiente”. Pasaron cuatro meses, ningún rehén fue liberado y diversos sectores políticos y sociales comenzaron a pedirle al jefe de Estado que flexibilizara su posición.

La marcha atrás de ayer, no obstante, será difícil de efectivizarse, ya que los límites que Uribe le puso a la situación podrían complicar las cosas. “Uribe debería autorizar a Piedad, pero sin el condicionamiento de que los liberen a todos el mismo día y en el mismo sitio, porque eso es imposible de cumplir”, señaló el precandidato presidencial liberal Héctor Rojas. Iván Marulanda, también del Partido Liberal, coincidió con Rojas. “El gobierno no debería adoptar esa postura, pues las FARC son las que tienen a los secuestrados. Desafortunadamente, ellos son los que ponen las condiciones”, afirmó. De todas maneras, la noticia, para otros sectores, no dejó de ser recibida con mucho entusiasmo. “Se trata de un paso muy positivo para lograr que los secuestrados vuelvan a la libertad”, expresó monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal. Carlos Lozano, periodista del semanario comunista Voz y miembro del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), estuvo de acuerdo con el religioso. “Ahora comienzan a moverse algunos puntos que parecían inamovibles, lo que es muy bueno”, explicó.