Desde Lima

En medio de marchas de protesta contra el gobierno en todo el país y enfrentado a una huelga campesina, de maestros y de transportistas que ha paralizado varias ciudades, el presidente Alan García anunció el cambio de su gabinete ministerial. La salida del gabinete presidido por Yehude Simon era una de las principales demandas del recientemente creado Frente por la Vida y la Soberanía, que convocó para ayer a una “jornada nacional de lucha”. Pero el anuncio de la salida de Simon no fue suficiente para bajarle el tono a la protesta antigubernamental, que también exige, entre otras demandas, el cambio de la política económica neoliberal, la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el cese de la persecución contra los dirigentes indígenas y sociales, entre ellos Alberto Pizango, líder de la protesta indígena amazónica que obligó al gobierno a derogar una serie de leyes que facilitaban el ingreso de las transnacionales a la Amazonia. Pizango, acusado de sedición, se encuentra asilado en Nicaragua.

Otros dos dirigentes de esa protesta indígena también se asilaron esta semana en la Embajada de Nicaragua. El Frente por la Vida y la Soberanía nació luego de la violenta represión policial contra los indígenas amazónicos en Bagua, ocurrida el pasado 5 de junio con un saldo de 34 muertos oficialmente reconocidos, y agrupa a los movimientos indígenas, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda. La matanza de Bagua precipitó un amplio movimiento de protestas y marcó el destino del gabinete de Yehude Simon, que ayer presentó su renuncia. Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se salvaron por apenas cinco votos de ser censurados por el Congreso por aquellos sucesos, pero su tiempo ya estaba agotado. Todavía no se ha anunciado el nombre del nuevo jefe del Gabinete.

Para el cargo ha sido mencionado el actual ministro de Educación, José Chang, que integra el gabinete desde el inicio del gobierno, en julio de 2006. La gestión de Chang, un empresario de la educación, se ha caracterizado por sus intentos de debilitar al sindicato de maestros. “Su designación sería una pésima señal”, advirtió Olmedo Auris, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep). Otro señalado para el cargo es el economista Pedro Pablo Kuczynski, conocido lobbista de grandes grupos de poder económico y quien fuera ministro de Economía y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). “La designación de Kuczynski, o alguien de sus características, agravaría la crisis, porque desnudaría a un Estado capturado por los grandes grupos de poder”, le señaló a Página/12 Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.

Las protestas de ayer dejaron en claro que un cambio de gabinete que no implique un giro respecto de la política económica neoliberal y una nueva relación del gobierno con las organizaciones sociales –hasta ahora marcada por la prepotencia y la represión gubernamental– no será suficiente para controlar la crisis política y calmar el creciente descontento social. “La protesta es contra el modelo de desarrollo primario exportador que excluye a las mayorías y que afecta las tierras de las comunidades indígenas. La gente le ha dicho basta a ese modelo”, afirma el antropólogo e historiador Monge. Las protestas paralizaron por completo las ciudades más importantes de la región andina, como Arequipa, la segunda ciudad en importancia del país, Cuzco, Puno, Ayacucho, Huancavelica. En otras ciudades, incluida Lima, hubo marchas contra el gobierno. En Lima, la protesta culminó con un mitin en el que participó el líder del opositor Partido Nacionalista y ex candidato presidencial, Ollanta Humala.

Durante las protestas de ayer hubo bloqueo de carreteras y 156 detenidos. El gobierno movilizó a las Fuerzas Armadas, que tomaron Lima y las principales ciudades. El despliegue de más de 40 mil efectivos armados, entre policías y militares, no amedrentó a la población que salió a las calles a protestar. El oficialismo desplegó una amplia campaña acusando a los organizadores de la protesta de responder a las indicaciones del presidente venezolano Hugo Chávez para desestabilizar la democracia peruana, pero no presentó ninguna prueba que sustente su acusación. Esta protesta ocurre cuando García, que tiene una aceptación de apenas 21 por ciento, pasa por la crisis más grave de su gestión.