Costa Rica, el país centroamericano donde no existen las Fuerzas Armadas, volvió a convertirse en el horizonte de las negociaciones para la crisis en Honduras luego de que el dictador Roberto Micheletti anunciara la reanudación del proceso de mediación por parte del presidente Oscar Arias. “Oficialmente se nos ha informado que posiblemente el sábado seremos convocados de nuevo a San José”, precisó el presidente de facto. Las conversaciones, sin embargo, penden de un hilo: desde la embajada hondureña en Managua, el derrocado mandatario Manuel Zelaya advirtió que si no se acuerda su vuelta al poder en esa próxima reunión dará por fracasado el proceso de mediación. “Damos un ultimátum al régimen golpista para que se cumplan los mandatos de las organizaciones internacionales y las Constitución de Honduras”, enfatizó.

El cerco de aislamiento contra los golpistas, por demás, tendió ayer a consolidarse, ya que las acciones y gestos de la comunidad internacional siguieron jugando a favor de Zelaya. Por un lado, Estados Unidos reiteró su apoyo al mandatario derrocado al insistir con su exigencia de restablecer el orden democrático en Honduras y manifestar su pleno respaldo al proceso de mediación que lleva adelante Arias. “Estamos firmemente con el presidente Arias y sus gestiones por lograr el restablecimiento del orden democrático interrumpido en Honduras”, sostuvo el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly, tras lo cual aclaró que el proceso de negociación “no está dirigido” por Washington sino por el jefe de Estado costarricense. Y, por el otro, los países de la región volvieron a marcar su postura de reconocer exclusivamente a Manuel Zelaya como el único gobernante legítimo de Honduras al invitar a éste, y no a Micheletti, a la próxima cumbre de Tuxtla, un foro negociador que conforman México, los países centroamericanos y Colombia y que se realizará a fin de mes en Costa Rica.

Frente a este escenario, y tan sólo 24 horas después de la finalización del toque de queda impuesto en el país desde el golpe de Estado el pasado 28 de junio, la dictadura de Tegucigalpa volvió a la carga en sus intentos de lograr legitimidad y reconocimiento internacional a través de diferentes medidas.

La primera jugada consistió en cambiar de canciller. En este sentido, la remoción de Enrique Ortez Colindres, quien se había referido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como “ese negrito de la Casa Blanca que no entiende nada de Honduras”, y su reemplazo por Carlos López Contreras, apuntó, según el propio López Contreras, a intensificar los esfuerzos por romper el cerco que la comunidad internacional les impuso a los golpistas desde que éstos usurparon el poder, además, de, claro, apaciguar las quejas que se hicieron oír desde la embajada de Washington en ese país.

“Mi misión será lograr la continuidad de las relaciones diplomáticas con todos los países amigos de Honduras e intentar restablecer aquellos vínculos que se han quebrado en las últimas semanas”, precisó el flamante ministro de facto, tras lo cual calificó de “precipitada” la decisión de la OEA de suspender a Honduras como miembro del organismo interamericano y anunció futuras gestiones para mantener un canal de diálogo en esa institución.

La segunda carta de los golpistas para intentar mostrar la cara amable de la dictadura fue lanzar una invitación a los organismos internacionales de derechos humanos para que éstos visiten el país y puedan así comprobar, según ellos, la plena vigencia de los derechos humanos en el territorio nacional.

“La invitación se hace a todos los representantes de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para que visiten nuestro país y comprueben el irrestricto respeto que por los derechos de las personas que profesa el actual gobierno de Honduras”, anunció el vocero presidencial, René Zepeda, a través de un comunicado, a pesar de lo cual tuvo que admitir que todavía no se había cursado ninguna invitación formal ni a la OEA, ni a las Naciones Unidas ni a ningún organismo en particular.

Al interior de Honduras, mientras tanto, la fachada de normalidad que intenta imponer el régimen chocó de lleno con las primeras cifras difundidas por decisión del propio gobierno, que ayer admitió que desde el 28 de junio y durante los primeros quince días de dictadura 1286 personas fueron detenidas de manera arbitraria. “Los detenidos estuvieron recluidos en su mayoría tan sólo durante la noche y quedaban libres en la mañana”, justificó Héctor Mejía, vocero de la Policía Nacional, para luego aclarar que ninguna de esas personas continúa actualmente detenida y que, gracias a la inexistencia de derechos, precisamente, se habían logrado reducir los índices de delincuencia.

Por demás, las movilizaciones de protesta a través de la capital y otras ciudades de Honduras volvieron ayer a marcar el calendario de las organizaciones populares que, al entrar en su tercera semana de resistencia pacífica contra el régimen de facto, comienzan a evaluar una escalada en sus medidas. “Queremos una gran huelga general en los próximos días. Estamos coordinando las acciones con distintos sectores sindicales para así entrar en una segunda fase de resistencia al golpe. Esta es nuestra última carta”, advirtió Juan Barahona, dirigente del Bloque Popular.