La mediación del presidente costarricense, Oscar Arias, renació de entre las críticas del gobierno de Manuel Zelaya y la incredulidad de las organizaciones sociales en Honduras. Ayer el Premio Nobel de la Paz confirmó la fecha de la segunda ronda de negociaciones en su casa entre la dictadura hondureña y el gobierno derrocado. “Si se acaba con la agenda el sábado terminaríamos ese día y, si no, continuaríamos el domingo”, adelantó desde San José. Las dos delegaciones del país vecino ya confirmaron su presencia, aunque la comitiva de Zelaya advirtió que el diálogo les está jugando en contra. “Debemos interpretar que la mediación está siendo utilizada para dar un respiro a la derecha y al régimen de facto”, aseguró la canciller del gobierno derrocado, Patricia Rodas, desde Managua. Y el propio Zelaya desde Guatemala llamó a la insurrección, en su firme apuesta a la resistencia popular de su país.

Desde el final abrupto de las primeras 48 horas de reuniones en San José, el jueves y el viernes pasados, los zelayistas que recorren las calles de Tegucigalpa todos los días para reclamar la vuelta del presidente legítimo les bajaron el pulgar al Premio Nobel de la Paz. Estados Unidos, la OEA y la mayoría de los países vecinos les pedían paciencia, pero para el Frente de Resistencia Popular –como se autodenominaron las organizaciones sociales y sindicatos que lideran las marchas contra la dictadura– el diálogo en San José no tiene la fuerza suficiente para quebrar la voluntad de los golpistas y reinstituir al presidente constitucional.

Anteayer tres miembros del frente popular viajaron a Washington para contar su versión de lo que sucedió en Honduras en las últimas dos semanas. “No sabemos por qué se ha encargado el diálogo a una sola persona”, reconoció el defensor de los derechos humanos Juan Almendares, quien viajó junto con el diputado de izquierda Marvin Ponce y el fiscal Jari Dixon. “Todo diálogo es positivo. Existen buenas intenciones por parte del presidente Zelaya y del mandatario Oscar Arias, pero consideramos que la conversación debe ser en Honduras; debe volver a la OEA”, reclamó Almendares.

La delegación se reunió primero con el director de la Oficina de Asuntos para Centroamérica del Departamento de Estado, Christopher Webster, y ayer con congresistas y representantes del Banco Mundial. Al final de la jornada, los tres dieron una conferencia de prensa. Ponce reclamó al gobierno de Estados Unidos una condena más contundente contra los militares y los políticos golpistas que el domingo 28 de julio expulsaron del país al presidente Zelaya.

El Departamento de Estado no reconoce al gobierno de facto, pero a diferencia de las potencias europeas y algunas naciones latinoamericanas, mantiene a su embajador –un hombre sospechado de conocer los planes de los golpistas– en Tegucigalpa. Ayer la canciller de Zelaya le propuso a Washington tomar un rumbo más comprometido. “No basta con los manifiestos de condena, es necesario tomar medidas, como un aislamiento efectivo al gobierno de Micheletti, la suspensión de toda ayuda militar, las transferencias económicas, el congelamiento de las reservas y cuentas del Estado”, sugirió Rodas.

Hasta ahora las cámaras empresariales y los medios de comunicación estuvieron alineados con la dictadura en un ciento por ciento. La comunidad internacional suspendió cientos de millones de dólares de ayuda al pequeño y empobrecido país centroamericano, pero no tocó el comercio.