A José Sarney, presidente del Senado de Brasil y aliado clave del gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, la situación no se le presenta fácil: ayer, el veterano senador y ex presidente (1985-1990) enfrentó en sesión plenaria del cuerpo varios pedidos para que renuncie a su cargo. El pedido lo hizo incluso un sector minoritario de su propio partido, debido a supuestos desvíos de fondos públicos. “Yo digo, con la mayor tristeza y dolor, que a esta altura no tiene sentido que el presidente Sarney tome licencia; él debe renunciar”, expresó el senador Pedro Simon, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mayor del país y el mismo al que pertenece el cuestionado presidente de la Cámara alta. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), por ahora, lo respalda.

Y es que Sarney ya acumuló, a lo largo de los últimos meses, 14 denuncias por irregularidades. Los parlamentarios alegaron que la situación del ex mandatario se complicó “por haber mentido” al Senado, al negar responsabilidad administrativa sobre la Fundación José Sarney, acusada de haber desviado recursos de la empresa estatal Petrobras por un monto de 250 mil dólares que habían sido donados a la fundación para financiar programas culturales que nunca habrían visto la luz. “No tengo ninguna responsabilidad administrativa en aquella fundación, pero sé que la misma tuvo un proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y sujeto al patrocinio de Petrobras”, había dicho Sarney la semana pasada.

Sin embargo, luego se supo que el estatuto de la fundación que lleva su nombre consigna que el ex presidente –además de fundador de la entidad– es presidente vitalicio, preside el consejo curador y asume responsabilidades financieras. En consecuencia, el Ministerio Público Federal abrió ayer una investigación formal para investigar las acusaciones.

Lo cierto es que las denuncias que arrecian contra Sarney, sindicado por diversos analistas locales como uno de los hombres que le garantizan a Lula una buena cuota de gobernabilidad al asegurarle la aprobación de leyes, no es el único frente con potencial de impactar negativamente sobre el gobierno en estos tiempos. Petrobras y sus recursos millonarios, nuevamente, se encuentran en el ojo de la tormenta.

Ayer, el Congreso aprobó la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que analizará más denuncias de corrupción contra la empresa petrolera estatal, esta vez acerca de una posible sobrefacturación multimillonaria en la construcción de una refinería e irregularidades en el pago de royalties a diversos gobiernos municipales. Según los legisladores opositores que impulsaron la medida, el PT habría “politizado” el manejo de la prodigiosa empresa estatal con fines non sanctos. “Brasil quiere claridad en Petrobras, hay denuncias graves sobre los manejos de la empresa”, afirmó el senador Heráclito Fortes, del Partido Demócrata.