Desde Madrid

Luis Bárcenas, el hombre que desde hace más de una década lleva las cuentas del Partido Popular, pasó dos horas y media en el Tribunal Supremo, el equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia. Debió responder por sus presuntas actividades delictivas en uno de los mayores casos de corrupción que ha sacudido la política española en los últimos años.

“Absolutamente tranquilo” se definió el tesorero de la oposición conservadora, a pesar de que su aspecto denotaba nerviosismo. Imputado en el llamado “caso Gürtel”, una trama de financiación ilegal de la política, prebendas a altos cargos ejecutivos por parte de una red de empresas “amigas” que recibían contratos de la administración pública, hasta llegar a un supuesto caso de evasión impositiva en paraísos fiscales. El episodio hasta ahora no le ha producido al PP mayores costos electorales, tal y como quedó demostrado en las últimas elecciones europeas de junio.

Bárcenas se presentó ante el Supremo para demostrar, antes que nada, que no es el famoso “Luis el cabrón”, también llamado “LB”, o “LBárcenas” a secas, en los documentos incautados al empresario Francisco Correa, el hombre clave en esta historia que centralizaba toda la amplia red de corrupción descubierta por la Justicia en los últimos meses.

Las investigaciones fueron anticipadas minuciosamente a la opinión pública por el diario El País, lo que llegó a motivar incluso que la fiscalía terminara por pedir una indagación sobre las fuentes del matutino por supuesta violación del secreto de sumario, luego de que el PP responsabilizara al Ministerio de Justicia y al de Interior por las filtraciones.

“He podido aportar las pruebas de mi inocencia al Supremo”, declaró Luis Bárcenas ayer a la salida del tribunal, aunque sus palabras no suenan demasiado convincentes a una opinión pública que hace apenas unos días lo oyó amenazar con que el PP estaba haciendo muy mal en no defenderlo, ya que él tiene, supuestamente, información delicada de algunos de sus altos cargos.

Y es que el PP apenas si puede atajar los disparos que le llueven cada día desde los tribunales y que esta semana terminaron por golpear a una de sus figuras exitosas a nivel nacional, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la que supuestamente la organización piloteada por el empresario Correa regalaba bolsos de Louis Vuitton en agradecimiento por los contratos recibidos.

“¿Quién no recibe un regalo en Navidad?”, es el argumento con el que ha preferido defenderse el partido conservador, en palabras de Esteban González Pons, el hombre que maneja la comunicación de la formación de centroderecha y que no ha dudado en salir a pelear por los suyos.

Desde la plana mayor del PP, la estrategia, sin embargo, ha sido una mezcla de enfrentamiento con la Justicia, defensa de los suyos y minucioso silencio. Mariano Rajoy, máximo líder de los populares, ha puesto las manos en el fuego por el implicado más famoso en la trama, el gobernador de la Generalitat Valencia, Francisco Camps, uno de los hombres con mayor poder territorial en el partido y que, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, dirige las dos regiones que son el granero de votos de la derecha en los últimos años.

Pero Rajoy no ha querido mojarse tanto en defensa de su tesorero, a pesar de que antes de que el Tribunal Supremo lo imputara apostó por su honestidad e idoneidad profesional. Desde que Bárcenas se volvió un habitué de los tribunales, Rajoy ya no lo defiende tanto.

Ante una situación tan delicada, el Partido Socialista en el gobierno aprovecha el mal momento que está pasando su principal opositor para hacer leña del árbol caído y en los corrillos del Congreso muchos diputados del PSOE agradecen en voz baja el escándalo que, en opinión de más de uno, es el principal obstáculo que impide hoy a Mariano Rajoy hacer una oposición más contundente a José Luis Rodríguez Zapatero. El PP podría, si quisiera, iniciar una labor de desgaste al Ejecutivo, hasta llegar incluso a presentar una moción de censura en el Parlamento, con lo cual forzaría elecciones anticipadas. Pero tal y como están las cosas en el PP, lo último que la derecha española quiere ahora es un anticipo de los comicios. Cuando los últimos ecos del “caso Gürtel” se apaguen entonces el cantar será otro.