Los escándalos de corrupción y nepotismo salpican al brasileño José Sarney, presidente del Senado de ese país y aliado clave del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Ayer la oposición formalizó una nueva denuncia, la cuarta en las últimas semanas, y amenazó incluso con pedir la apertura de un juicio para destituirlo si no renuncia a su cargo. Pero Sarney, de vacaciones, prefirió no hacer comentarios sobre el caso: un comunicado emitido ayer por sus asesores informó que el ex presidente (1985-1990) se encuentra en una isla del nordeste brasileño y que allí permanecerá hasta fin de mes.

Arthur Virgilio, el jefe de la bancada del Senado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que presentó la denuncia ante la Mesa Directora de la Cámara alta, precisó que esta última presentación en contra de Sarney se realizó sobre la base de informaciones publicadas el miércoles por el diario O Estado de Sao Paulo en las que quedaría en claro el tráfico de influencias que el ex presidente realiza para conseguirles empleo a sus allegados y familiares.

En las conversaciones telefónicas divulgadas por la publicación, Sarney le deja en claro a su hijo, Fernando, que ya habló con un conocido suyo de la Cámara alta para conseguirle un puesto administrativo al novio de su nieta. Según el periódico paulista, el novio de la nieta fue contratado ocho días más tarde.

Asimismo, el ex presidente discute una serie de posibilidades de contratos públicos con su hijo y le recomienda empezar a moverse para conseguir “un amigo” que le facilite las adjudicaciones.

Sarney no es cualquier legislador. Es el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha), el aliado principal del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula en la coalición que respalda al gobierno. Desde su puesto, Sarney es el encargado de asegurarse que los principales proyectos petistas atraviesen el recinto sin problemas.

En el ejercicio de sus funciones, el ex mandatario ya acumula otras tres denuncias en su contra: corrupción es la variable en común, ocultamiento de bienes al fisco es un ítem que se repite en dos de las tres denuncias y, en una de ellas, la acusación, bloqueada por el oficialismo, sugería el desvío de 250 mil dólares recibidos por la fundación que lleva su nombre por parte de la empresa petrolera estatal Petrobras para supuestas obras culturales que nunca se realizaron.

Sin embargo, desde que comenzaron a develarse las acusaciones, Lula no abandonó a su aliado. Hace algunas semanas, sectores parlamentarios del PT llegaron a apoyar los pedidos de renuncia de Sarney impulsados por la oposición y sólo bajaron su tono luego de que el propio mandatario, según O Estado de Sao Paulo, los llamó y se los pidió.

“Es una jugada política de la oposición”, aseguró Lula la semana pasada en referencia al caso de Petrobras. Con la denuncia de ayer, el presidente volvió a mostrar su lado más pragmático y salió a matizar. “No se puede tratar todo como si fuese un crimen de pena de muerte”, arrancó Lula en declaraciones a Radio Globo.

“Una cosa es matar, otra cosa es robar, otra cosa es pedir empleo y otra es hacer lobby”, aclaró. “Todo debe investigarse antes de ser juzgado. No puede ser que toda persona que tenga una denuncia en su contra tenga que renunciar”, aseguró.

No obstante, las voces rebeldes en la propia tropa aún resuenan. Domingo Dutra, el presidente del PT en el estado de Maranhao, bastión electoral de Sarney en el nordeste del país, no sólo insiste con que el aliado del gobierno debe renunciar, sino que cuestiona la postura del propio presidente. “El apoyo de Lula a Sarney es una vergüenza”, señaló el petista nordestino en una entrevista con el portal brasileño de UOL.

Para Dutra, Lula se equivoca al decir que Sarney garantiza la gobernabilidad. “Después de siete años de gobierno, tenemos un presidente con un 80 por ciento de popularidad y, aun así, parece que tenemos que pedirle limosnas a Sarney”, se queja.