Manuel Zelaya aplaudió a Estados Unidos por haberles retirado la visa diplomática a cuatro funcionarios del régimen de facto de Honduras, pero dijo que no es suficiente. Por eso, el derrocado mandatario fue por más y ayer le pidió a Washington que golpee al régimen de Tegucigalpa donde más le duele: en sus activos y cuentas bancarias en el exterior. “Obama tiene que seguir apretando las tuercas contra los golpistas, y para ello tiene que embargarles sus cuentas bancarias, todos sus dineros y bienes”, afirmó Zelaya desde su base de operaciones en el puesto fronterizo de Las Manos, del lado nicaragüense de la frontera con su país. “Todo lo que ellos se roban en Honduras lo van a depositar a Miami. Allí tienen apartamentos de lujo, negocios, sociedades con bancos”, detalló el presidente hondureño. Cuando ya pasó más de un mes desde el golpe de Estado, Zelaya parece decidido a enfocar sus esfuerzos en Washington. Más allá de que se mantenga en la frontera organizando lo que denomina la resistencia pacífica para reingresar a su país, día tras día el mandatario dirige sus reclamos hacia la capital estadounidense. Y sus funcionarios también. “Si Estados Unidos comenzara a congelar todos sus activos y a impedirles la libre circulación por el mundo, ya que a los criminales se los encierra, el golpe se revertiría en menos de 24 horas”, aseguró a su turno Patricia Rodas, canciller constitucional de Honduras.

Pero con un mes de exilio, también, Zelaya afirma que ya no tiene dudas de cómo se organizó el golpe en su contra. Ayer, tras definirse como un “experto en diagnósticos de golpe de Estado”, el presidente legítimo de Honduras explicó que la embestida en su contra se organizó en tres niveles: los que financiaron, los que planificaron y los que ejecutaron. En el primer grupo mencionó a “los dueños de las transnacionales y los grandes emporios económicos” de su país. En la planificación participaron, según Zelaya, políticos locales e inclusive “agencias internacionales de inteligencia”. Y entre los ejecutores, finalmente, Zelaya identificó específicamente al legislador devenido en dictador, Roberto Micheletti, y a Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas. “Micheletti lo hace por robar. Nunca ha tenido la oportunidad tan grande de robar como ahora, que lo puede hacer con total impunidad. Y a Romeo Vásquez le han de haber pagado por propiciar este golpe de Estado”, sentenció.

Al interior de Honduras, frente a la creciente presión de la comunidad internacional para que el régimen de facto acepte la propuesta del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, los principales sectores que lo sostiene comenzaron una ronda de consultas.

La semana pasada Micheletti había dicho que no podía aceptar de inmediato los puntos contenidos en la mediación de Arias porque ello no era sólo una decisión del Poder Ejecutivo, sino que el Congreso, la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenían que dar su opinión. Al Ejército no lo mencionó, pero éste emitió un comunicado el domingo en el que daba su visto bueno a una solución negociada en el marco del Acuerdo de San José.

Ayer, la pelota le llegó al Congreso y, al cierre de esta edición, todavía se debatía. En el interior del recinto, una comisión especial trabajaba sobre un informe para elevar al plenario para que éste decida si acepta o no la propuesta del costarricense. Prometieron los resultados para hoy.

Sin embargo, los puntos que abarcaría el informe no están claros. A comienzos de esta semana, diversos voceros habían adelantado que el Legislativo no trataría la propuesta en su conjunto, sino tan solo la posibilidad de decretar una amnistía general para todos los delitos políticos y el adelantamiento de las elecciones, dejando de lado, de ese modo, la restitución de Zelaya en su cargo.

Pero, según parece, ni siquiera eso. Ayer, el Tribunal Electoral, uno de los poderes mencionados por Micheletti, rechazó de plano adelantar las elecciones previstas para el 29 de noviembre, como propuso Arias. “La modificación de la fecha de las elecciones afecta dramáticamente todo el cronograma electoral. Este tema es tan sensible que incluso la Ley Electoral lo tipifica como delito”, afirmó el tribunal a través de un comunicado.

Frente a esta situación interna de las instituciones golpistas, el costarricense Arias volvió ayer a advertirle al gobierno de Micheletti que el tiempo le juega en contra. Y lo puso en términos concretos.

“Antes que un sentido de dignidad y de perfección democrática, lo que necesita el pueblo hondureño es pan y agua. Y eso quiere decir, en la práctica, comercio exterior, producción interna estable, inversión extranjera y ayuda interna- cional”, explicó el mandatario al inaugurar ayer la 11ª cumbre de Tuxtla, un encuentro regional centroamericano. La cumbre cerró con una declaración en la que “condena enérgicamente” a la dictadura. “La nación hondureña enfrenta ahora dos posibilidades: o revierte el camino andado y acepta la propuesta de San José, o enfrenta el ostracismo absoluto”, insistió Arias.

Según un diplomático extranjero con destino en Tegucigalpa, que pidió mantener el anonimato, Micheletti nunca aceptará el plan de Arias, aunque al mismo tiempo evitará rechazarlo abiertamente, ya que lo que busca, según el diplomático, es ganar tiempo para que lleguen las elecciones y asuma un nuevo gobierno.