Malas noticias. En Washington, la sensación es que el tema Honduras ya fue. Se cayó de los diarios, salió del Capitolio, ni siquiera es prioritario en Foggy Bottom, sede del Departamento de Estado, donde la nueva alianza estratégica con China ocupa la atención de sus principales figuras. Los mismos diplomáticos latinoamericanos que ayer hacían campaña en favor del presidente depuesto, Mel Zelaya, hoy están ocupados con reuniones multilaterales por la crisis financiera mundial.

En la OEA se discute la formación de una eventual comisión verificadora para viajar a Honduras, pero nadie hace mucho para forzar el acuerdo por verificar. El viernes se suspendió una reunión para tratar el tema sin la presencia de ningún presidente, ningún canciller, salvo la de Honduras, Patricia Roda.

En la reunión, la canciller de Zelaya iba a pedir que se apliquen sanciones comerciales contra el régimen golpista, pero las cámaras empresariales de los países centroamericanos han hecho saber que la interrupción del comercio entre Estados Unidos y Honduras desestabilizaría a toda la región. Con eso alcanzó para frenar cualquier movida en ese sentido.

Pasó la tormenta y la dictadura hondureña se mantiene en pie. Estados Unidos ya jugó sus fichas. El martes suspendió las visas diplomáticas, esto es la inmunidad diplomática en Estados Unidos, a cuatro de los líderes del golpe. Antes había logrado quebrar la cadena de mando en las fuerzas armadas hondureñas al hacer firmar a un grupo de coroneles una carta de adhesión a la salida negociada que propicia Washington, el llamado plan Arias.

No fue suficiente para voltear a la dictadura hondureña, pero Washington tampoco hará mucho más. El Departamento de Estado no quiere que siga el gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti pero tampoco quiere que vuelva con plenos poderes Zelaya, el presidente derrocado el 28 de junio por un golpe cívico-militar.

Zelaya se quedó en la frontera, jugando el rol de héroe en el exilio, sin generar ni por asomo la capacidad de movilización suficiente como para emprender una vuelta triunfal. Con un millón, medio millón, cien mil fieles, otra sería la historia. Pero en su campamento no pudo juntar más de mil quinientos.

Si vuelve sin el poder de las masas y sin acuerdo, Zelaya sabe que lo meten preso y se hacen un gran espectáculo con su juicio político. Si vuelve sin masas pero con acuerdo político, Zelaya sabe que los “verificadores” del acuerdo puestos por Washington le estarán encima para que renuncie y/o llame a elecciones no bien pise el palacio presidencial. Como no le interesa convertirse en un mártir ni tampoco en una marioneta, se queda en la frontera.

Si no consigue volver por las suyas, el futuro político de Zelaya se hace cuesta arriba. Las candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo diciembre ya están cerradas y ningún postulante lo representa. Las siguientes elecciones nacionales son dentro de cuatro años porque la constitución hondureña no contempla comicios de mitad de término. Estas limitaciones legales dificultan la gestación y supervivencia de una fuerza de centroizquierda que le permita a Zelaya mantener su presencia en la arena política.

En todo caso, Estados Unidos no quiere correr riesgos. Según contó una fuente con acceso permanente a los negociadores de ese país, ellos están convencidos de que si vuelve Zelaya al poder no vuelve sólo para quedarse cuatro meses. Dicen que si vuelve intentará cualquier trampa para estirar su mandato. Así se refieren a la “encuesta” que había hecho Zelaya para cambiar la Constitución. Como los plebiscitos sobre el tema estaban prohibidísimos, llamó a una “encuesta”, que en este caso es lo mismo que un “plebiscito”, pero con distinto nombre. Esa “encuesta” fue el argumento que dieron los golpistas para dar el golpe.

Por eso el Departamento de Estado quiere sacarse de encima el papelón que les representa la dictadura posbananera de Micheletti, pero no para entregarle el mando a Zelaya, sino para imponer un gobierno de transición que llame a elecciones lo antes posible.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela pasan por un buen momento. Así lo reflejan las declaraciones del canciller venezolano Nicolás Maduro de esta semana valorando la decisión de la cancillería estadounidense de cancelar las visas de los golpistas hondureños. Pero, aunque la crisis hondureña generó espacios de consenso que derivaron en un acercamiento, las diferencias ideológicas persisten y la rivalidad se mantiene en pie.

Quedó claro esta semana que la administración Obama quiere dos cosas. Por un lado, preservar el orden constitucional en los países de la región. Por el otro, frenar la expansión del chavismo. Pero también quedó claro que, a la hora de elegir, lo segundo resultó más prioritario que lo primero. “El objetivo estratégico básico de Estados Unidos en América latina es evitar la ampliación de la zona de influencia chavista”, precisa la fuente.

Micheletti resiste pero a costa de un nivel de represión, digamos llamativo, coartando la libertad de expresión, reunión y libre circulación de millones de hondureños. Tal como vienen registrando las distintas misiones de organismos de derechos humanos que han visitado el país después del golpe, lo hace a través de acciones de brutalidad policial en las calles y con clausuras y detenciones arbitrarias, llegando al extremo de asesinar manifestantes para apagar focos de protesta.

Se trata de un cuadro insostenible en el tiempo. Más tarde que temprano el régimen tendrá que abrirse a una “democratización” y la figuras más identificadas con el golpe tendrán que dar un heroico paso al costado, allanando el camino para el famoso “gobierno de unidad nacional”.

Sin embargo, hasta ahora la dictadura ha sido incapaz de siquiera intentar algo semejante. Micheletti sigue teniendo las horas contadas, pero los golpistas han demostrado que no van a entregar la cabeza de su líder a cambio de nada, sólo para atender exigencias de la comunidad internacional.

Por eso juegan a estirar los tiempos, paseando la propuesta de Arias por distintas comisiones del Congreso, simulando una prolijidad institucional que brilló por su ausencia en la burda maniobra militar que terminó con el destierro forzado del presidente.

Los golpistas ya no les responden a sus patrones. Treinta años de lecciones de Washington sobre cómo combatir la amenaza comunista pudieron más que las tibias reprimendas de Hillary Clinton, llamando a “todas las partes” a respetar los mecanismos de la Carta Magna hondureña.

A esta altura de los acontecimientos, hay que decirlo, hay que gritarlo, al presidente de Honduras lo sacaron de su casa en pijamas y a punta de pistola. Se lo llevaron sin una orden de detención firmada por un juez, o sea lo secuestraron. Lo subieron a un avión y lo mandaron a Costa Rica. Lo echaron como a un perro. Al día siguiente le mintieron a todo el pueblo hondureño al presentar una carta de renuncia trucha, con firma falsificada, que ni siquiera estaba fechada en el día correcto. Tres días más tarde lo acusaron de crímenes con penas de hasta veinte años de cárcel. Después lo amenazaron con un “baño de sangre” si volvía para defenderse de las acusaciones. En secuencia cronológica secuestraron, echaron, renunciaron, acusaron y amenazaron al presidente de Honduras.

Lo que pasó no es anecdótico. No se arregla comprando constitucionalistas para que digan que no hubo golpe porque salvo el Ejecutivo, se mantienen intactos los demás poderes del estado. Acá no es cuestión de Zelaya sí, Zelaya no, Chávez sí, Chávez no. Sacaron a su presidente en pijamas. Hasta un asesino serial y violador de niños, cuando lo vienen a buscar, tiene derecho a llamar a su abogado. Y la pena de destierro se abolió en el medioevo.

El desenlace que se perfila, en cualquiera de sus variantes, representa un fuerte retroceso para las democracias en la región y una seria amenaza para la estabilidad de sus sistemas políticos. Hace dos años ni el más afiebrado conspirador imaginaba un golpe militar en América latina.

Hoy, bajo determinadas circunstancias, tomando las precauciones del caso, todas las opciones vuelven a estar sobre la mesa. Ya lo saben los autonomistas bolivianos, los magnates bananeros de Guatemala y Ecuador, los oviedistas paraguayos, los discípulos de D’Aubisson en El Salvador, los ex contras nicaragüenses, los fedecamaristas venezolanos y los hacendados piqueteros de Argentina.

Obama y Hillary parecen subestimar el peligro que estas fuerzas representan. Sería un error de cálculo demasiado costoso.

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