El proceso colectivo que se lleva a cabo en Irán contra un centenar de opositores al régimen por cuestionar los resultados de las últimas elecciones y tomar parte en las manifestaciones poselectorales ya comenzó a levantar polvareda. Tras los primeros testimonios del sábado por parte de “arrepentidos”, el ex presidente reformista Mohammed Jatami descalificó por completo al proceso judicial. “El juicio del sábado fue un teatro y las confesiones no son válidas. Este tipo de espectáculos no sólo dañan al establishment iraní sino que afectan la confianza de la opinión pública en sus líderes”, afirmó el ex mandatario a través de su sitio web.

Jatami no fue el único que salió al cruce de la embestida conservadora contra políticos reformistas, abogados y periodistas. Ayer, Mir Hossein Musavi, el líder de la oposición que salió segundo en los últimos comicios y denunció el supuesto fraude, fue un más lejos y denunció que los testimonios fueron arrancados con torturas. “¿Cómo van a convencer al pueblo con unas acusaciones apoyadas en informes que nadie conoce y confesiones que huelen a torturas medievales?”, se preguntó el político moderado en un artículo publicado ayer en su sitio de Internet Ghalam News. “Dicen que los hijos de la revolución han confesado haber colaborado con los extranjeros para derribar a la Republica Islámica de Irán. Pero bajo las actuales circunstancias, hubieran confesado cualquier cosa”, estimó Musavi. “Al oír sus testimonios, no he visto en ellos más que llantos de dolor que confirman la horrible situación en que se encuentran durante su cautiverio”, agregó el líder opositor.

El proceso judicial que se lleva a cabo en Teherán es la mayor persecución política contra antiguos cuadros del régimen desde la Revolución Islámica en 1979. Los cargos, para todos ellos, abarcan desde la acusación de promover disturbios callejeros y atacar edificios militares y gubernamentales hasta mantener vínculos con grupos armados de la oposición radical y conspirar para derrocar al gobierno de los ayatolas. De encontrárselos culpables, las penas podrían llegar hasta los cinco años de cárcel, a menos que también se los juzgue por la acusación de ser moharebs, o enemigos de Dios. En ese caso, la pena es la muerte. Entre los acusados se encuentran el ex vicepresidente Mohammad Ali Abtahi, quien el sábado abrió las sesiones con un testimonio en el que dijo que las acusaciones de fraude “fueron una mentira y una excusa para crear disturbios”; el antiguo vicecanciller Mohsen Aminzadeh, los ex parlamentarios Mohsen Mirdamadi y Behzad Nabavi, y Abdollah Ramazanzadeh, ex vocero del gobierno de Jatami. A todos ellos se los pudo ver por televisión sentados en el banquillo llevando uniforme de presos.

Las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 12 de junio desencadenaron una ola de protestas que dejaron un saldo oficial de 20 muertos y unos mil activistas detenidos, de los cuales aún quedarían tras las rejas unos 250.

Según el opositor Musavi, las personas que coparon por esos días las calles de Teherán y distintas ciudades del interior buscaban libertad y justicia, sin tener ningún vínculo con intereses extranjeros opuestos a Irán. Las protestas, represión mediante, cesaron al cabo de algunas semanas. En unos días, el actual mandatario, el ultraconservador Mahmud Ahmadinejad, asume su segundo mandato. “¿Cómo se puede esperar que un juicio fraudulento aclare los fraudes cometidos en las pasadas elecciones?”, se preguntó Musavi, quien había pedido la anulación de los resultados y la convocatoria a nuevas elecciones.