Desde Santiago

A diferencia de otros países del vecindario –no todos, por cierto–, los carabineros en Chile tienen y defienden una fama de incorruptibles. El mote también alcanzaba para las fuerzas armadas... al menos hasta ayer. Esto luego de que la Justicia de este país procesara a dos ex oficiales del ejército por supuestos pagos de comisiones ilegales a civiles y militares en 1998, año en que los militares negociaron la compra de 202 tanques Leopard I a Holanda.

Según fuentes judiciales reproducidas por los medios locales, el juez Manuel Antonio Valderrama encausó por malversación de caudales públicos al general en retiro Luis Iracabal Lobo y al ingeniero y brigadier Gustavo Latorre también ya retirado. De acuerdo con la investigación, cada ex militar habría recibido coimas por 300 mil dólares por la compra de los tanques.

Lo grave es que cuando se efectuó la compra, Iracabal era el director y Latorre gerente comercial de la Fábrica de Materiales del Ejército (Famae), empresa estatal que suscribió el contrato con la holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij-Technology (RDM-Technology), según la resolución judicial del caso.

Los dos ex oficiales fueron detenidos ayer y llevados hasta instalaciones de la Policía de Investigaciones, desde donde serían trasladados al batallón de Policía Militar en la comuna capitalina de Peñalolén.

Cabe consignar que desde el año 2004 el caso se venía indagando, cuando el juez Sergio Muñoz, que investigaba el origen de la fortuna del dictador Augusto Pinochet –por peticiones de información en varios países sobre las cuentas del genocida fallecido y su ex albacea Oscar Aitken descubrió el pago de estas coimas.

Según los datos que maneja el juez Valderrama, en la venta de los tanques, RDM pagó 7,5 millones de dólares (14 por ciento), de los 53,7 millones del valor de la exportación, a altos mandos del ejército.

Adicionalmente, en 2005, la holandesa RDM Technology confirmó públicamente que pagó US$ 1,6 millones a una sociedad representada por el propio Oscar Aitken.

Tras enterarse de los hechos, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, sostuvo que en un Estado democrático “si hay una acusación y el ministro en visita estima que tiene presunciones fundadas, los procesa. Ahora, desde el punto de vista del gobierno y del Ministerio de Defensa, mientras todas estas situaciones se aclaren luego, mejor. El prestigio del Ejército no puede estar ensuciado, eventualmente, por coimas. La única preocupación como ministro de Defensa es que la gente no confunda entre si hay uno, dos, o tres sinvergüenzas y los 43 mil hombres y mujeres que visten el uniforme del Ejército”.

Por su parte, el actual ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, que en esos años era el titular de Defensa, aseguró que si hubiese conocido el caso lo habría denunciado inmediatamente a la Justicia.

“Me parece que es una hecho gravísimo y ojalá se llegue al fondo del asunto... Verdaderamente es inaceptable que ex oficiales de las fuerzas armadas hayan recibido coimas por compra de armamento. Eso no debe suceder y espero que la Justicia tome todas las medidas y me alegro mucho de que las investigaciones hayan avanzado en ese sentido”, subrayó.

En tanto, el comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta, reconoció la preocupación castrense por ver a dos de los suyos procesados.

La defensa pedirá hoy la libertad de los acusados, lo que mañana será revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago.