El gobierno venezolano ocupó ayer de forma temporal todas las plantas procesadoras de café de las compañías locales Café Madrid y Fama de América ante la sospecha de prácticas de abuso y monopolio que provocarían la falta de este producto en el mercado.

“El gobierno bolivariano ha ocupado todas las plantas del país de la compañía Fama de América y de Café Madrid para garantizar el abastecimiento del pueblo venezolano”, explicó a la televisión oficial el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua. Según el funcionario, esta medida, que en principio se extenderá por tres meses, tiene por fin “garantizar el abastecimiento y hacer una auditoría profunda para determinar qué hicieron con el café producido” estas compañías.

Jaua aseguró que si se demuestra que las empresas han tenido un comportamiento irregular se procedería a su expropiación. “Si en la auditoría demostramos que aquí ha habido contrabando, acaparamiento, prácticas desleales y monopólicas, podríamos estar frente a una nacionalización de estas empresas”, aseguró, garantizando que todos los trabajadores tienen su trabajo garantizado. En las últimas semanas, se ha sentido escasez de café en los supermercados. Según Jaua, con esta medida el suministro queda garantizado, ya que las reservas de café del Estado y la producción irán directamente a los consumidores.

En un comunicado, los propietarios de la marca Café Madrid, fundada en 1958, negaron que la marca esté realizando “contrabando” y reivindicaron la transparencia de sus cuentas, que están revisadas por las autoridades públicas. “La materia prima que se procesa en nuestra planta es adquirida total y únicamente a centenares de pequeños y medianos productores del país. Y una vez procesada se coloca exclusivamente en el mercado interno venezolano”, subrayó este texto.

El gobierno, que ha nacionalizado sectores estratégicos de la economía, ocupó y expropió varias empresas de producción de elementos básicos como arroz y pasta. El objetivo era terminar con la escasez cíclica de estos productos, causada –según el Ejecutivo– por el comportamiento de las empresas privadas.