Un grupo de personas ingresó cerca del mediodía de ayer a la sede en Caracas del canal de noticias Globovisión y lanzó dos bombas lacrimógenas. Sus directivos, los mismos que niegan que haya habido un golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, dijeron que fueron militantes de un partido aliado del gobierno. El ministro de Interior y Justicia venezolano, Tareck El Aissami, rechazó y condenó las acciones violentas contra la emisora. Y señaló que se iniciaba una investigación.

En declaraciones ofrecidas al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro El Aissani explicó que un grupo de personas identificadas con un partido político arremetió contra las instalaciones de Globovisión y agredió a unos funcionarios que prestaban servicios como policías en estas instalaciones. Según el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, las imágenes de una cinta grabada sobre el incidente muestran que se trataría de 30 motoristas con boinas rojas, militantes de UPV, Unidad Popular Venezolana, aliado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Un día antes, Zuloaga había dicho a la revista brasileña Veja que en 2002 no hubo un golpe de Estado en el país. “Apenas un vacío de poder”, aseguró el empresario antichavista.

Según Zuloaga, el secuestro del mandatario bolivariano durante 48 horas, la asunción de un gobierno que disolvió el Congreso y anuló la Constitución, y la represión gubernamental que ganó las calles fueron tan sólo una “reacción espontánea del pueblo”. “Chávez dejó Miraflores –Palacio de Gobierno– y su ministro de Defensa, el general Lucas Rincón, anunció que el presidente había renunciado, por lo que nadie lo depuso”, se aventuró a afirmar el domingo ante la publicación paulista. Las declaraciones de Zuloaga, que no puede abandonar su país debido a procesos judiciales en su contra, se producen en momentos de fuertes tensiones entre el gobierno de Caracas y la oposición debido a la decisión oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de sacar del aire 34 emisoras de radio el sábado pasado. A Globovisión se le han abierto varios procesos sancionatorios que podrían implicar su cierre.

Para diversos líderes de la oposición, cámaras empresariales y la Iglesia Católica, la medida del gobierno de anular las transmisiones de las emisoras el fin de semana constituyó un atentado a la libertad de expresión y formaría parte de la política chavista de persecución a las voces disidentes. Desde entonces la escalada crece.

Pero de acuerdo con el gobierno, la historia es otra. Según explicó la Conatel a través de un comunicado emitido al momento de efectivizar la decisión, las 34 emisoras que salieron del aire formaban parte de un grupo de 240 que ignoró una citación del organismo para actualizar sus datos y revisar el estado de su concesión, por lo que quedaron, según el ente, fuera de la ley. Más precisamente, el organismo público explicó que esas emisoras estaban en situación ilegal por el fallecimiento del titular (las concesiones son personales e intransferibles), el vencimiento de la concesión o la improcedencia del cambio de titular.

Con esos argumentos bajo el brazo, Diosdado Cabello, titular de la Conatel, salió el domingo a desafiar a sus críticos. “Reto a los dueños de esa emisoras a que presenten un documento donde Conatel les haya autorizado a emitir por radio”, lanzó el funcionario. “No estamos revocando concesiones, estamos aplicando la ley. Es una acción de justicia frente a personas que durante décadas han utilizado ilegalmente esos medios. Nadie ha presentado un argumento legal en contra de la medida, todos se han ido por las ramas hablando de la libertad de expresión”, sostuvo Cabello. Y remató: “Tan apegado está esto a la ley que todos los afectados han apagado los equipos cuando les hemos notificado que debían hacerlo, porque saben que la medida está ajustada a derecho”.

Otras 200 licencias de emisoras venezolanas se encuentran actualmente bajo revisión en base a la política delineada por Chávez de “combatir al latifundismo mediático y democratizar el espacio radioeléctrico”.