Mientras que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaba a Tegucigalpa para verificar sobre el terreno las denuncias por violaciones a los derechos humanos, el supuesto rol que habría jugado Washington en el golpe de Estado en ese país se convirtió ayer nuevamente en eje de debate. Estados Unidos salió al cruce de las versiones y negó cualquier implicación de personal de su ejército en el vuelo que transportó al derrocado presidente Manuel Zelaya hasta Costa Rica y que hizo una parada en la base militar estadounidense de Soto Cano, emplazada en el país centroamericano. “El personal militar de EE.UU. no estuvo involucrado en el vuelo que llevó al presidente Zelaya a Costa Rica el 28 de junio”, remarcó Philip Crowley, vocero del Departamento de Estado.

El miércoles de la semana pasada, al llegar de visita oficial a Brasilia, Zelaya le dijo a Lula, según trascendió luego, que tras ser secuestrado su vuelo no fue directo hasta San José, sino que tuvo una escala. Y que esa escala, de acuerdo con el presidente constitucional, fue hecha en la base militar norteamericana, lo que según Zelaya no tendría sentido alguno en términos de reabastecimiento de combustible, ya que la capital del país vecino queda a unos 500 kilómetros y cualquier avión militar tiene la autonomía suficiente para cubrir ese tramo. “En ese momento la Casa Blanca y el Pentágono tenían que saber que había un golpe de Estado en marcha”, le dijo el hondureño a su par brasileño.

Pero desde Washington negaron cualquier complicidad. “Los miembros de la unidad especial conjunta Bravo –el grupo del Comando Sur destinado en la base de Soto Cano– no tenían ningún conocimiento de las decisiones que se tomaron para los planes de aterrizar, repostar y despegar, ni jugaron ningún papel en el desarrollo de los acontecimientos”, enfatizó Crowley en su rueda de prensa diaria. “La base pertenece a y es operada por Honduras. Ellos deciden sobre su uso”, agregó el funcionario, tras lo cual señaló que, en los días previos al golpe, el embajador norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, expresó su preocupación por el clima político que se vivía, “pero no teníamos ningún conocimiento previo de la situación que se desencadenaría días después”.

Días después sobrevino el golpe de Estado y desde entonces las denuncias por violaciones a los derechos humanos se multiplicaron por decenas. Para verificar la situación sobre el terreno, ayer la misión de la CIDH desembarcó en Tegucigalpa. “El objetivo de la misión es elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado”, precisó ayer el vicepresidente primero de la CIDH, el argentino Víctor Abramovich. Para cumplir con su trabajo, explicó Abramovich, la delegación se reunirá con diversos sectores, desde representantes gubernamentales hasta de organizaciones sociales y víctimas de la represión.

El vicepresidente del grupo, que además está integrado por su secretario ejecutivo, el argentino Santiago Cantón, la venezolana Luz Patricia Mejía, el norteamericano Paolo Carozza y el chileno Felipe González, dejó en claro que durante su estancia en Honduras no emitirán ningún tipo de declaración o conclusiones, “pues lo primero es escuchar y recibir información”, aunque sí prevén brindar una conferencia de prensa o divulgar un comunicado el viernes al término de su visita. “Nos reuniremos con representantes del Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía, y sectores sociales, además de viajar al interior del país”, precisó a su turno la venezolana Mejía.

A la dictadura local, la llegada de la misión no le causó mucha gracias. “Tenemos grandes reservas sobre este grupo de trabajo”, sostuvo la viceministra de Relaciones Exteriores del gobierno encabezado por Roberto Micheletti, Martha Alvarado.

Según la funcionaria de facto, la delegación del organismo interamericano no sería parcial, ya que no tiene previsto reunirse durante su visita con representantes del Poder Ejecutivo. “Me encantaría estar equivocada, pero tenemos serias dudas sobre la actitud de la delegación”, insistió Alvarado.

Debido a esas dudas, la dictadura de Tegucigalpa buscó y logró ayer tener su propio canal de comunicación con Washington, al anunciar que una delegación de representantes será recibida hoy por el secretario de Estado adjunto del Departamento de Estado, Craig Kelly. “Los animaremos a aceptar el acuerdo de San José”, se atajó el vocero Crowley.

La delegación golpista está conformada por la ex presidenta de la Corte Suprema Vilma Morales, Mauricio Villeda y Arturo Corrales, ambos miembros de la delegación que representó los intereses de la dictadura durante las negociaciones en Costa Rica. “Estos son civiles prominentes, no son miembros del régimen de facto”, insistió Crowley.