Desde México, D. F.

Mientras el Congreso estadounidense liberó los fondos de la Iniciativa Mérida retenidos porque el Departamento de Estado no había podido demostrar el respeto a los derechos humanos en México, una serie de documentos desclasificados en Washington demuestran que el ejército mexicano armó y entrenó a grupos paramilitares en el estado de Chiapas para enfrentarlos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que condujo a una masacre de indígenas en 1997.

Una serie de comunicaciones enviadas desde México a la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA según sus siglas en inglés, algo así como la CIA del Pentágono) describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas. A fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”.

El 22 de diciembre de 1997, paramilitares indígenas asesinaron a mansalva a 45 indígenas de la comunidad campesina de Las Abejas que rezaban en una capilla en el poblado de Acteal, en los Altos de Chiapas. Los muertos fueron un bebé, 14 niños, 21 mujeres y 9 hombres desarmados. Otras 25 personas resultaron heridas y se reportó a cinco desaparecidos.

Apenas la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la nación liberó a 20 indígenas, encarcelados hace doce años por la masacre, pero no porque fueran inocentes, sino por deficiencias en el proceso judicial que el gobierno siguió contra ellos.

Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, desde entonces, han defendido la versión ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) tras la masacre, y han pretendido mostrarla como “un conflicto entre indios bárbaros”, asegura el historiador Carlos Montemayor.

En 1997, la PGR reconoció la existencia “de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas”.

Pero en un telegrama enviado a la sede de la DIA en Washington el 4 de mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos en México señala el “apoyo directo” del ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas. El documento describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

A fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”, destaca The National Securiy Achive (NSA), una organización estadounidense especializada en desclasificar documentos secretos del gobierno de su país.

NSA responsabiliza a la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana de aplicar “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica (...) con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.

Según Kate Doyle, analista y directora del Proyecto México de NSA, aunque el cable fue escrito en 1999, “el agregado tuvo cuidado en señalar que los oficiales de inteligencia del ejército estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997”. El documento ofrece detalles nunca antes mencionados en las numerosas declaraciones del ejército mexicano posteriores al ataque.

Los equipos de inteligencia, explica la Oficina del Agregado de Defensa, “estaban compuestos primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, al igual que por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región. Los equipos Humint estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba a cubrir comunidades selectas por un período de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses”.

El jueves pasado, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas a que realicen una investigación “minuciosa, independiente e imparcial” de la masacre y subrayó que, debido a que “no se realizó una investigación a la altura de la gravedad de los hechos, no se ha garantizado justicia para las víctimas”.

Brunori instó también al gobierno de México a que garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre y se tomen medidas para que los familiares de las víctimas obtengan reparación.

Pero esto parece lejos de poder cumplirse. Kate Doyle acusa al gobierno mexicano de ofrecer una historia oficial con relatos que “han sido o incompletos o falsos” y señala que todas las solicitudes de información presentadas a la administración de Felipe Calderón sobre la masacre de Acteal sólo encontraron silencio como respuesta o, en el mejor de los casos, los remitían a documentos públicos inocuos, clasificados como “improcedentes” en el Archivo General de la Nación.

“Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a los gringos en busca de información sobre el ejército mexicano y Acteal”, lamentó Doyle.

En contraste, el jueves pasado, el ministro consejero de la embajada de Estados Unidos, John Feeley, informó que la administración de Felipe Calderón entregó al Departamento de Estado un informe sobre las acciones que lleva a cabo para evitar violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico.

De paso, Feeley contradijo al presidente Felipe Calderón, que lleva tres años justificando la violencia desatada en el país desde que asumió el cargo y que ha costado la vida a más de 12.000 personas desde entonces: “No es señal de éxito” la violencia que se vive en México, dijo el diplomático, tras anunciar que el Congreso de su país liberó la totalidad de los fondos autorizados para la Iniciativa Mérida. De hecho, en el último año, precisamente desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad que involucró a todos los gobiernos estatales y a los tres poderes federales, 7296 personas han muerto en hechos relacionados con el combate de la delincuencia organizada, lo que casi duplicó el saldo rojo del año previo, cuando del 21 de agosto de 2007 al 21 de agosto de 2008 hubo 3742 víctimas.