La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó ayer un proyecto de ley para anular la Ley Reservada del Cobre, sancionada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Gracias a esta ley, promulgada en 1976, la compra de armas pasó a ocupar una posición de privilegio en el gasto público del Estado chileno. Según sus disposiciones, las fuerzas armadas de ese país reciben cada año un 10 por ciento sobre el valor total de las ventas de Codelco, la empresa estatal de cobre y primera productora mundial de ese mineral, para uso exclusivo en compra de armamentos.

Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, ese régimen especial podría cambiar, con lo que el presupuesto de Defensa quedaría sujeto a una negociación parlamentaria como el de cualquier otro ministerio. “Se termina así con un área de información vedada para el Congreso nacional”, señaló la presidenta al firmar el proyecto que enviará al Congreso en los próximos días.

La derogación de la Ley Reservada del Cobre tendría dos efectos inmediatos. Por un lado, dado su carácter reservado y la consiguiente imposibilidad de conocer el empleo exacto de los fondos, el gasto chileno en Defensa quedaría transparentado. “Una vez aprobado este proyecto tendremos un moderno sistema de financiamiento para la Defensa Nacional”, explicó Bachelet. Por el otro, los militares de ese país dejarían de tener la posibilidad de un presupuesto para comprar armas que aumente de manera automática e ilimitada frente a posibles escaladas en el precio internacional del cobre.

El nuevo monto que se destinaría para ese fin aún no está definido. Sin embargo, lo que sí es claro es que la suma pasaría a estar sujeta a una negociación. Según las variaciones en el precio internacional de ese mineral a lo largo de los últimos años, los uniformados trasandinos reciben algo más de mil millones de dólares anuales para comprar y mantener sus equipos bélicos. Desde que la presidenta socialista asumió, en marzo de 2006, las transferencias sumaron 4200 millones de dólares.

Pero más allá del nuevo marco legal, según la prensa local de Santiago, lo más probable es que la suma de dólares, en caso de disminuir, lo haga en forma mínima. Es que, según versiones locales, lo que los militares buscarían evitar a toda costa sería volver a los niveles de gasto previos al golpe del ’73, cuando los presupuestos eran mínimos. Y en base a esa carta habrían presionado. Además, en Chile, existe una segunda ley de la dictadura destinada a garantizar los recursos del sector que establece que, para gastos operativos y salarios, o sea todo lo que no es compra y mantenimiento de armamentos, no se puede destinar un monto menor al ejecutado en el año 1989, último año de la dictadura.

Por eso la iniciativa presidencial contempla ciertas garantías de previsibilidad. Como mínimo, el próximo plan de financiamiento para el sector castrense será a 12 años, pero con ciclos de cuatro que corresponderán a los períodos presidenciales para permitir, de ese modo, reevaluaciones periódicas en las prioridades. El consenso de los militares ya se negoció. “Nos parece que es un buen plazo la planificación estratégica de 12 años, de los cuales se va financiando cada cuatro”, aseguró Oscar Izurieta, comandante en jefe del ejército.

“Hago un llamado a todos los sectores con representación parlamentaria para que la aprobemos este año y en este Congreso”, indicó Bachelet.

En junio de 2006, tres meses después de iniciar su gobierno, Bachelet manifestó por primera vez su intención de modificar esta ley. En ese momento no logró el consenso. Según la prensa local, las disputas por los límites marítimos con Perú luego habrían dificultado hallar el momento propicio.

A la mandataria, hoy, le quedan pocos meses de gestión. Las elecciones presidenciales son en diciembre y la derecha es favorita. Sin embargo, su popularidad nunca fue más alta: 73 por ciento de imagen positiva, la más alta alcanzada en la historia chilena por un presidente saliente. Bachelet estimó que ahora sí es el momento de impulsar la iniciativa.