Camina con una ligera renguera producto de un accidente el hombre que encarna el regreso al pasado neoliberal en Uruguay. La caída de una escalera le jugó una mala pasada antes de la internas partidarias de junio pasado. En esas internas quedó al frente de la fórmula del Partido Nacional (Blanco), una formación casi tan vieja como su país. Parado en el lobby de un distinguido hotel porteño, Luis Alberto Lacalle reconoce que es “lo viejo”, pero –aclara– “renovado”. Lo secunda Jorge Larrañaga, su compañero de camiseta –ambos eligieron la camisa celeste para esta ocasión– a lo largo del almuerzo con empresarios argentinos.

Ante un auditorio muy receptivo a sus ideas, Lacalle habla a sus anchas sobre los puntos importantes de su proclama electoral. “Apostamos a un Mercosur sólo económico y comercial, que no tenga carácter político” (Larrañaga agregará que esperan un “sinceramiento” del bloque para buscar corregir las asimetrías). La clave es el regionalismo abierto, la posibilidad de acordar tratados comerciales por fuera del Mercosur. “¿Para qué crearon la Unasur?, ¡si con las instituciones que tenemos nos basta!”, enfatiza levantando las manos Lacalle, símbolo de uno de los dos partidos tradicionales de Uruguay, junto a los colorados.

El presidenciable divide el mapa regional entre populistas y republicanos, ubicando a Venezuela y Bolivia entre los primeros y a él entre los segundos. Eso sí, invita a dejar las ideologías al momento de relacionarse con los demás. “No podemos regir la política exterior por las ideologías”, dice buscando la mirada del presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Uruguayo, Juan Carlos López Mena.

Diez minutos antes, esta cronista le había preguntado en el lobby del hotel qué pensaba del diferendo sobre Botnia y cómo imaginaba las relaciones con Argentina. “Nuestra postura es propiciar el diálogo. Ahora estamos a la espera del fallo de la Corte Internacional de La Haya y repudiamos los cortes de ruta de los ambientalistas.”

–Las papeleras destruyen empleo. ¿Por qué insistir con ellas?

–Esa es su opinión, pero no la mía. Uruguay hará todo lo que quiera porque es un país soberano.

–¿Qué cree que tiene de nuevo para ofrecer su partido?

–Certeza, rumbo seguro, saber adónde vamos, propuestas para luchar contra la pobreza. Ofrecemos previsibilidad democrática, seguridad jurídica y seguridad de las personas.

–En su anterior gobierno (1990-1995) hubo casos de corrupción. En un eventual regreso suyo, ¿cómo la combatirá?

–Nunca me tocó. Si me tocara alguna vez, sancionaría a quien la cometa.

Quizá Lacalle no lo recuerde, pero hubo un caso muy resonante, la polémica privatización del Banco Pan de Azúcar en 1995, cuyo proceso culminó penalmente con la condena del ministro de Economía, Enrique Braga. Es que su mensaje es de absoluta desmemoria, es decir, restauracionista de un statu quo anterior que implica desmantelar las políticas que realizó el gobierno de centroizquierda de Tabaré Vázquez. “Discrepamos con la mayoría de las medidas que tomó el Frente Amplio y con sus resultados”, dice Lacalle, insistiendo en que bajará impuestos, no levantará el secreto bancario y tratará de anular las leyes aprobadas en este gobierno que “atacan el derecho de propiedad y las relaciones laborales”.

Habla de dar “mayor seguridad” y para ello tiene pensado militarizar varias ciudades del país, con la presencia de más efectivos de la guardia nacional republicana y un ministro de Interior con “mano firme”. A ello le agrega la propuesta de bajar la edad de imputabilidad.

“Cuqui”, como le gusta que lo llamen, heredó de su abuelo Luis Alberto Herrero el liderazgo del sector “herrerista” de los blancos. Amigo personal de Carlos Menem, Lacalle gobernó en los noventa y ahora pretende volver a hacerlo. Va segundo en los sondeos (32 por ciento), por detrás del carismático candidato oficialista José “Pepe” Mujica (45 por ciento) cuando falta un poco más de un mes para los comicios del 25 de octubre. No está claro que la contienda se gane en primera vuelta, por lo que Lacalle aspira a que la suerte y los votos colorados lo acompañen en el ballottage.

A diferencia del Frente Amplio, el Partido Nacional se opone a la derogación de la Ley de Caducidad, una amnistía a los militares que se plebiscita con las presidenciales. “La ley fue ratificada por un referéndum hace 23 años. Su anulación no traerá ni más verdad ni más justicia”, dice a este diario el candidato Larrañaga. Ya lo había dicho su partenaire: “Si todos los que tenemos muertos hubiéramos seguido reclamando, Uruguay no hubiera tenido la paz que tuvo. Y el gran secreto de Uruguay fue el día en que dejamos de matarnos, en 1904, y construimos una democracia sobre la tolerancia y el respeto. Y los muertos, muertos están”. Así piensa Lacalle, que se reivindica como parte de “un muy buen pasado”.

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