Por primera vez en la historia de Uruguay, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de ese país declarará la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, que garantiza la inmunidad de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos. El fallo por el caso de Nibia Sabalsagaray podría dictarse el próximo lunes 19 de octubre, según confirmaron fuentes judiciales, días previos a los comicios presidenciales y al plebiscito para derogar dicha ley.

La boleta del plebiscito, precisamente, fue incluida en las urnas del 25 de octubre como resultado de una iniciativa popular liderada por el PIT-CNT –la única central sindical–, diversos organismos de derechos humanos y sectores del oficialista Frente Amplio (FA) que lograron juntar más de 250 mil firmas para intentar derogar la ley que, ratificada por referéndum popular en 1989, clausuró cualquier posibilidad de enjuiciar a los represores.

Para aprobar el plebiscito revocatorio hace falta la mitad más uno de los votos pero, según las últimas encuestas divulgadas en Uruguay, la iniciativa, por ahora, contaría con entre un 40 y un 44 por ciento de sufragios por el “sí”. Por eso, si el fallo se produce a seis días de los comicios podría tener efectos sobre esas cifras.

Según informó el diario uruguayo El País, los cinco magistrados habrían decidido pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley a partir del caso de Nibia Sabalsagaray, militante comunista secuestrada y ejecutada por las Fuerzas Armadas en Montevideo en una unidad de Comunicaciones del Ejército en el año 1974. Según la versión oficial de la dictadura uruguaya, Sabalsagaray “se autoeliminó” ahorcándose en su celda a las pocas horas de ser secuestrada; según la autopsia que se le realizó tiempo después, su cuerpo señalaba signos de tortura.

De acuerdo con la Constitución uruguaya, las sentencias de la SCJ tienen efectos sólo para el caso en cuestión. Sin embargo, dadas las implicancias que éste tendría al declarar inconstitucional dicha ley, fuentes judiciales confirmaron que es probable que otras iniciativas en el mismo sentido comiencen a llegar a los tribunales tras el fallo.

El pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley para el caso Sabalsagaray fue promovido por la fiscal penal Mirta Guianze en octubre de 2008.