Desde Tegucigalpa

“En defensa de la democracia”, el gobierno de facto de Honduras no escatima gastos. Lo mismo contrata una firma de cabilderos para limpiar su imagen en Washington que entrega recursos públicos a organismos empresariales para que sus ejecutivos viajen a Estados Unidos y Europa (los que aún tienen visas) a defender el golpe de Estado.

El diputado Marvin Ponce todavía no puede dar un buen apretón de manos, luego de que la policía le rompió el brazo en una manifestación. Pero con la izquierda muestra, desde hace unos días, dos oficios firmados por el ministro de la presidencia del gobierno de facto, Rafael Pineda Ponce. En el primero ordena al Banco Central la transferencia de 2,5 millones de lempiras (poco más de 130 mil dólares) a una cuenta privada de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que encabeza el empresario Adolfo Facussé, un entusiasta promotor del regreso del presidente Manuel Zelaya al poder (sólo por una hora, para ir derechito a enfrentar a la Justicia y “casa por cárcel”). Los recursos, según el texto, “serán destinados al financiamiento de actividades dirigidas al fortalecimiento de la democracia y el diálogo nacional”.

El segundo ordena la transferencia de poco más de 130 mil dólares, del presupuesto de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, a la firma de cabildeo Chlopak, Leonard, Schechter y Asociados, con sede en San Francisco, California. Se trata del primer pago de un contrato por un monto de 292 mil dólares.

Dicho contrato pretende “contar con los servicios de consultoría de una empresa de relaciones públicas especializada en el manejo de situaciones políticas especiales, con el fin de implementar un plan estratégico de comunicación para lograr un mejor posicionamiento del gobierno ante la opinión pública mundial”, según una copia del documento. El documento fue registrado por la firma estadounidense ante la división de cabildeo de gobiernos extranjeros del Departamento de Justicia el 18 de septiembre.

A mediados de septiembre, Facussé fue detenido en el aeropuerto de Miami y enviado de regreso a Honduras. Así se enteró que el gobierno estadounidense le había cancelado la visa. Otros, que sí pueden viajar, han gastado los dólares del gobierno para ir a Estados Unidos y Europa, quizá para retribuir el dinero gastado por los empresarios en la campaña contra Zelaya anterior al golpe de Estado y luego en la organización de las “marchas blancas” en favor del gobierno golpista.

La inversión ha rendido frutos. Según una nota del diario The New York Times, el gobierno de Micheletti ya ha gastado unos 400 mil dólares en abogados y cabilderos que han tenido el efecto de obligar “a la administración Obama a enviar señales contradictorias sobre su postura en relación al gobierno de facto, quien las interpreta como una señal de aliento. También han retrasado dos importantes nombramientos del Departamento de Estado para la región”.

En dicha campaña, sigue el diario, “están involucrados bufetes de abogados y agencias de relaciones públicas con estrechos vínculos con la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y el senador John McCain” (ex candidato republicano y figura importante del comité de en asuntos exteriores del Senado). Según el diario hondureño Tiempo, Facussé aceptó haber recibido los fondos y dijo que no pueden ser “reparables” (reembolsables) “porque son para promover la democracia, a menos que el gobierno esté en contra de la democracia”.

Marvin Ponce dice que, en todo caso, el gobierno “puede gastar el dinero del pueblo en lo que quiera”, pero en el caso de un contrato internacional está obligado a hacer una licitación “y ésta fue una asignación directa”, destinada a “darle una cara bonita al golpe de Estado”.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.