La reforma agraria en Bolivia avanza, aun pese a las dificultades que encuentra a su paso el gobierno de Evo Morales. En el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, manejan estadísticas alentadoras. Para fin de año esperan que haya 40 millones de hectáreas saneadas. O sea, tierras entregadas con su correspondiente título de propiedad o identificadas para determinado uso. Juan Carlos Rojas, su director, sostiene que “el país tiene 109 millones de hectáreas de las cuales 106 son del área rural y es obligación del INRA intervenir en ellas para que podamos entregar el título ejecutorial a la persona que corresponda”.

El instituto, durante los tres años de gobierno del MAS, saneó y tituló hasta hoy 28,4 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Cuando se compara esa cifra con lo hecho durante los diez años anteriores del INRA, la actual gestión sale robustecida. Creado en 1996 por la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, hasta enero de 2006 –cuando Evo asumió la presidencia–, había regularizado 9,2 millones de hectáreas. En ese decenio que cubrieron los mandatos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, otra vez Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé se titularon en promedio un millón de hectáreas por año, mientras que en el gobierno actual se superan los 8 millones.

Rojas define al proceso de “Revolución agraria” –así lo llama el gobierno– como “casi único en el mundo porque se está haciendo en democracia, con evidente tensión entre los sectores, pero a su vez con la aceptación de que debe regularizarse el derecho propietario de distribución de la tierra. Especialmente este saneamiento, un procedimiento técnico legal que es muy detallado en Bolivia y no se aplica en otros países. Es más bien el resultado de una evolución histórica de nuestro proceso agrario”. El director del INRA dialogó con Página/12 desde La Paz, donde se encuentra la oficina central del organismo, que tiene nueve filiales por cada uno de los departamentos del país.

Según datos proporcionados por el funcionario, del que dependen 900 empleados, el Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras 2007-2013 (Pensat) apunta a distribuir y titular 20 millones de hectáreas entre las comunidades indígenas y campesinas sin tierra. Esta es una de las principales razones de ser del INRA.

Rojas, un licenciado en Ciencias de la Educación que aprendió las cuestiones agrarias trabajando con los indios guaraníes en el Chaco Boliviano, sabe que, pese a los notables avances de su gestión, resta todavía mucho por hacer: “El INRA, además del saneamiento, tiene que realizar otras dos grandes acciones. Por una parte, la verificación del cumplimiento de la función económico-social de la tierra. En realidad, ésa es nuestra tarea constante, dos años después de que la tierra ha sido titulada. Y por otro lado, está a cargo del catastro rural, del proceso de generación de esta base de datos y del mantenimiento de esa información hacia el futuro”.

Autor de un artículo que puede leerse en la página oficial del instituto, www.inra.gov.bo al que le puso de título “La verdadera historia de ese papelito”, cuenta cómo gestionan hectáreas de tierra quienes aspiran a trabajarlas. “Imagínense –señala– si falla alguno de estos componentes, si falla alguna pieza en esta maquinaria o, mejor, si falta alguien en este cuerpo: no sale el papelito que todo el mundo espera de nuestro trabajo. Todos somos imprescindibles para cumplir nuestra misión y recibir, al final, ese abrazo o beso de algún anciano o viejecita que esperó toda su vida para tener en sus manos ese papelito; ese acto tan humano compensa todas nuestras penurias”.

Los empleados del INRA han tenido graves dificultades en los departamentos de Santa Cruz y Pando para aplicar la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. El Estatuto Autonómico de la primera región le confirió al gobierno local la atribución de disponer sobre “la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del departamento”.

Rojas afirma que “temporalmente se afectó nuestro trabajo porque hubo resistencia violenta a nuestra participación en la titulación de tierras. Pero eso fue momentáneo. Y se resolvió el año pasado con el referendum revocatorio. Los problemas que hubo no afectaron nuestras metas, porque en 2008, pese a los ataques a oficinas del INRA y agresiones a nuestros funcionarios, hemos logrado en el departamento de Santa Cruz sanear un poco más de tres millones de hectáreas”.

Pando había sido el primer departamento que se declaró saneado en el país el 2 de agosto de 2008 y donde existe una gran concentración de la tierra en manos de ocho familias. La recolección de castañas es su principal actividad productiva. El 11 de septiembre del año pasado se produjo la matanza de dieciséis campesinos, por la que fue imputado como autor intelectual el ex prefecto Leopoldo Fernández, quien todavía espera por un juicio junto a veintiséis personas más.

“Ahí se ha modificado la estructura de distribución de la tierra. No había ninguna comunidad indígena reconocida con derechos propietarios. Nosotros, con nuestro trabajo, hemos titulado más de dos millones y medio de hectáreas a comunidades campesinas, sólo en Pando”, agrega Rojas.

En Bolivia, uno de los temas no resueltos es la migración desde el occidente, en la zona del Altiplano, hacia el oriente, donde están las tierras más productivas, dos terceras partes del territorio nacional. Los datos oficiales aproximados que posee el INRA sobre cómo están distribuidos los millones de hectáreas rurales son: producción agropecuaria intensiva 4,1 millones; agropecuaria extensiva, 4,2; agropecuaria con limitaciones, 3 millones; ganadería extensiva e intensiva, 17,5; ganadería con limitaciones 10,4; forestal con y sin limitaciones, 32 millones; protección y reserva, 17 y uso pastoril, de 10 a 11 millones.

El INRA tiene atribuciones para expropiar latifundios agrarios por causas de interés público y recuperar tierras si no se cumple el objeto económico social para el que fueron destinadas. Así lo establece la Ley 3.545. Gracias a ella el gobierno de Evo Morales otorgó el 75 por ciento de los títulos de propiedad que se entregaron desde que se creó el instituto en 1996. En apenas casi cuatro años. Incluso los críticos de algunas de sus políticas para el campo, como la ONG Fundación Tierra, sostienen que el probable triunfo del oficialismo en las

elecciones de diciembre, alentará la profundización de los cambios.