El gobierno de Chile dio ayer un paso más para liquidar viejos resabios de la dictadura de Augusto Pinochet. Ayer, la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley que excluye, por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, toda posibilidad de que un civil sea juzgado por la Justicia Militar. “La Justicia Militar quedará de esa manera limitada a juzgar solamente delitos militares cometidos por militares, y los civiles que cometan delitos, según se especifica en el texto, sólo podrán ser juzgados por tribunales civiles. El principio rector que estructura toda la reforma que proponemos es la precisión del ámbito de aplicación de la Justicia Militar”, explicó Bachelet.

Según precisó la jefa de Estado en conferencia de prensa al presentar el proyecto, durante la dictadura de Pinochet tuvo lugar en Chile una excesiva ampliación de la jurisdicción militar, lo que, de acuerdo con la mandataria, fue permanentemente denunciado por los organismos de derechos humanos tanto en el país como en el extranjero. “Una vez recuperada la institucionalidad, se inició el debate sobre la necesidad de que la jurisdicción castrense funcione de acuerdo con el estándar de garantía de nuestra democracia.”

Bachelet subrayó, a su vez, que el proyecto gubernamental busca armonizar la legislación local con los compromisos asumidos por el país transandino a nivel internacional. “No se puede pasar por alto que el país fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia precisamente porque las actuales disposiciones de la Justicia Militar no satisfacen los estándares exigidos por el Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto a garantía del debido proceso y a la independencia e imparcialidad de los jueces”, argumentó la presidenta. “Esta reforma implica asegurar la igualdad ante la ley y el debido proceso para todos”, agregó.

Además de los delitos cometidos por los uniformados, los tribunales militares chilenos tienen la facultad de investigar y condenar todo delito en que un civil se vea involucrado junto a un miembro de las Fuerzas Armadas y de la policía. “Se trata de una intromisión indebida, excesiva, exorbitante, que tiene la Justicia Militar sobre los civiles en este país”, aseguró, a su turno, Carlos Maldonado, ministro de Justicia.