Tardó cuatro meses y dos días, pero Manuel Zelaya finalmente lo logró. Ayer los golpistas hondureños cedieron y firmaron un acuerdo que podría restituirlo en el poder en menos de una semana. El texto, de ocho puntos, establece que la vuelta del presidente derrocado deberá contar con la aprobación final del Congreso nacional, en donde los zelayistas ya casi acarician una mayoría sólida. La sesión sería el lunes y aunque no tiene un plazo, el acuerdo requiere que el nuevo gobierno de unidad y reconciliación nacional sea inaugurado el jueves próximo. “Si el Congreso no acepta, entonces Honduras se mantiene aislada y las elecciones no serán reconocidas en el mundo. Los golpistas ya reconocieron que un país así es ingobernable”, explicó el asesor zelayista Carlos Eduardo Reina.

El punto central del acuerdo bautizado Tegucigalpa-San José-Diálogo Guayamuras es el que requiere la aprobación del Congreso. “Para lograr la reconciliación y la paz nacional, y en el espíritu del acuerdo de San José ambas comisiones deciden que el Congreso nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, decida en consulta de las instancias que considere pertinente, como la Corte Suprema de Justicia, retrotraer el Poder Ejecutivo al 27 de junio. La decisión que adopte el Congreso deberá sentar las bases para alcanzar la paz social y gobernabilidad del país”, leyó Reina, en diálogo telefónico con Página/12. En otras palabras, los 128 diputados nacionales hondureños tienen la última palabra y, por eso, ni Zelaya ni los suyos quisieron celebrar ayer. “El Congreso puede negar el deseo del pueblo hondureño y de la comunidad internacional de restituir el sistema democrático, pero sería un error muy lamentable”, reconoció Zelaya. Hacía ya varios días que sus asesores habían empezado una campaña para asegurar los votos necesarios. Necesitan una mayoría simple, 65 votos. Según una fuente que participa de esas negociaciones, el presidente derrocado cuenta con el apoyo de 57 diputados y en las próximas horas podría conseguir el respaldo de otra docena, una pequeña escisión del Partido Liberal, la fuerza política a la que pertenecen tanto Zelaya como el hombre que usurpó su cargo, Roberto Micheletti.

La única carta que los zelayistas pueden jugar para convencer a los diputados es la amenaza de Washington. “El Congreso puede decir que no, pero entonces sentencian a Honduras a vivir aislada del mundo y que nadie reconozca las elecciones y al próximo gobierno”, explicó Reina, intentando mantener el optimismo. Ese había sido el mensaje del subsecretario de Estado para América latina, Thommas Shannon, cuando llegó a Tegucigalpa el miércoles para presionar a la dictadura. “No hay elecciones sin restitución”, les había dicho el funcionario norteamericano a los negociadores zelayistas.

Ayer, desde Pakistán, Hillary Clinton se tomó un minuto para celebrar el acuerdo en Honduras y repitió la misma consigna. “Fuimos muy claros en la restauración del orden constitucional”, advirtió la secretaria de Estado de Barack Obama. Durante los cuatro meses de dictadura, Washington había cortado la mayoría de la ayuda financiera directa y suspendido las visas a Micheletti y su gabinete, a los jueces de la Corte Suprema y a decenas de diputados y empresarios que financian el régimen de facto. Pero aún le quedaban muchas sanciones en la manga: congelar las cuentas bancarias de los golpistas y las reservas estatales en Estados Unidos, bloquear el comercio (el 70 por ciento de las exportaciones hondureñas tienen como destino la potencia del norte) y, eventualmente, romper relaciones diplomáticas.

Sin duda, la presión de Estados Unidos y la presencia de un negociador como Shannon logró torcer el brazo de Micheletti y destrabó un diálogo que había entrado en coma hace más de una semana. La dictadura cedió y firmó, pero nada más parece haber cambiado en Honduras. “Lo que más nos preocupa es que a pesar de firmar un acuerdo, la dictadura no cambia su tono agresivo”, advirtió Andrés Conteris, coordinador de medios de Zelaya dentro de la asediada embajada brasileña y periodista del sitio de noticias norteamericano Democracy Now. “¿No es raro que el mismo día (jueves) que se llega a un consenso fue uno de los días más violentos y represivos de los últimos tiempos? Bajo estas condiciones no se puede tener un clima de confianza”, agregó.

El tono de Micheletti no cambió ni siquiera después de haber firmado el acuerdo. “Estamos seguros de que el señor Zelaya y la gente que lo acompaña van a emprender una campaña de persecución una vez que vuelvan al poder”, advirtió el dictador, quien no escatimó en adjetivos ante la cámara de CNN al pronosticar un futuro negro para su país. Tampoco aflojó el asedio a la embajada brasileña, donde se refugia Zelaya, ni despejó las calles del centro de Tegucigalpa de militares.

El escenario para empezar a diseñar un gobierno de unidad y reconociliación nacional no es el óptimo. Ayer Micheletti se apuró a informar que el acuerdo no cambia la situación de Zelaya. “Su estatus sigue siendo el de un visitante en la casa de Brasil”, dijo, advirtiéndole que aún no es tiempo de volver a caminar tranquilo por la calle.

Encerrado y rodeado de soldados que le apuntan las 24 horas, el presidente derrocado deberá negociar y consensuar con los golpistas los nombres de los ministros y los secretarios que lo acompañarán en el futuro gobierno. Estarán vigilados por una comisión de verificación, formada por cuatro personas: dos representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), un zelayista y un miembro del régimen golpista. Ellos serán los responsables de garantizar que todos los puntos del acuerdo se cumplan.

La justicia y la verdad quedaron relegadas en el texto firmado ayer. No habrá amnistía política para nadie, pero la comisión de la verdad recién será instalada durante los primeros seis meses del próximo gobierno. Ese es el punto menos desarrollado. No se establece de antemano la participación de representantes internacionales ni de sectores de la sociedad civil, como pedía el movimiento de la Resistencia Popular. Lo único que promete es investigar lo que sucedió antes y después del golpe.

Para los golpistas, el de ayer fue un acuerdo “sin vencedores ni vencidos”; para los zelayistas, la mejor alternativa a más sangre, más violaciones a los derechos humanos y más ilegalidad.