A poco menos de cuatro meses de su asunción, los planes del gobierno colombiano de Alvaro Uribe para el combate frontal contra las guerrillas y los paramilitares recibieron ayer un judicial baldazo de agua fría. La Corte Constitucional falló contra las facultades especiales del ejército en las llamadas “zonas de rehabilitación”, ubicadas en el norte del país. La Corte estableció que eran inconstitucionales los poderes del ejército de realizar capturas, registros domiciliarios, allanamientos e interceptaciones sin una orden judicial escrita, realizar censos y limitar el ingreso de prensa extranjera y organizaciones humanitarias internacionales. Esto se suma a las 24 bajas que sufrió el ejército en una campaña de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzó el lunes.
Ese día, la guerrilla de las FARC lanzaron un ataque contra la población de Paz de Ariporo. La guerrilla realizó sendos ataques contra unidades del ejército, que provocaron la muerte el lunes de 14 soldados cerca de esa población, en el noreste del país, y de otros 10 el martes en el límite entre los departamentos sureños de Putumayo y Cauca. “Sabíamos que la guerrilla estaba en una fase de espera pero que en algún momento iba a realizar ese tipo de acciones”, señaló un alto militar que pidió el anonimato. A la ofensiva militar, el ejército sumó en los últimos días una campaña de propaganda con el lanzamiento de volantes para provocar la deserción en las filas guerrilleras mostrando fotos de modelos en malla con una leyenda que dice: “Consigue tu libertad”.
Pero si la ofensiva de las FARC estaba prevista, la de la Corte Constitucional no tanto. El presidente del tribunal, Gerardo Monroy, explicó que la Corte consideró que “los militares no tienen de acuerdo con la Constitución facultades de policía judicial” y señaló que la gestión de la movilidad de las personas en las zonas de rehabilitación “queda a orden de la primera autoridad política y no de un comandante del Ejército”. Monroy explicó que “para que los militares puedan ejercer funciones de policía judicial tiene que haber de por medio una reforma constitucional.
Se entiende que la policía judicial es auxiliar de los jueces, como lo determina el Código de Procedimiento Penal, y no abarca a las fuerzas militares”.
Además, según la decisión de la Corte Constitucional, incurrió en vicios de forma, al expedir un decreto sin la firma de todos sus ministros. No obstante, Monroy explicó que “para darle vida nuevamente a estas zonas, el gobierno debe expedir un decreto legislativo, firmado por todos los ministros, en el que se corrijan los vicios de forma de algunos de los artículos de esta normativa presidencial”.
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, minimizó el impacto de la medida. “Estas zonas no quedaron inconstitucionales, por el contrario, la Corte reafirmó la existencias de las zonas y estableció algunas limitaciones para que estas zonas se puedan declarar por resolución presidencial. Las objeciones fueron más de forma que de fondo”, declaró la ministra, aludiendo a la falta de las firmas de todos los ministros. Pero Ramírez no comentó el cuestionamiento a las facultades especiales. “En las próximas horas el gobierno expedirá un decreto de conmoción interna en el que se restablece las zonas de consolidación (de orden público) que existen actualmente”, anunció.
El ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, no reaccionó con tanta tranquilidad. Primero se manifestó muy molesto por el hecho de que “la Corte haya dado a conocer su sentencia a través de los medios” y dijo que por lo tanto no tiene por qué ofrecer una reacción oficial a la noticia. “No tenemos ni idea del concepto de la Corte porque como las sentencias no se conocen, entonces es imposible opinar sobre lo inexistente. Tenemos un comunicado de prensa y no una sentencia y no podemos decir si nos parece bien o mal”, declaró.
Londoño también defendió la instauración de las zonas de rehabilitación con poderes especiales para el Ejército. “Estas zonas son las más afligidas, las zonas más difíciles, donde se necesita un gran esfuerzo de la fuerza pública para proteger a la población, para atacar a las bandas armadas y para lograr una unidad estructural de derecho y de acción militar para rescatar a esa población.” En la actualidad hay dos zonas de este tipo y comprenden 15 municipios en el departamento de Sucre, nueve en el de Bolívar, y tres de la región petrolera de Arauca, fronteriza con Venezuela, todas en el norte del país. Junto con la red de informantes civiles del ejército, esta es una de las medidas consideradas fundamentales por Uribe y criticadas por organismos de derechos humanos.