Desde Santiago

Cuando en 1988, el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet llamó a un plebiscito para definir si la ciudadanía decía Sí o No a su continuidad en el poder, la derecha dura –obnubilada por las botas, bayonetas y medallas de los militares– que votó por él perdió inapelablemente, pues la opción de perpetuarse en el gobierno sólo alcanzó oficialmente un 43 por ciento de los votos en las urnas.

De a poco la fuerza del genocida fue decayendo tanto como el apoyo de sus adherentes, al menos en público, más cuando se supo que además de asesino, Pinochet amasó una fortuna ilícita en bancos internacionales. Las caras de horror y las muecas no se hicieron esperar, en especial de los civiles que perdonaron los asesinatos, secuestros y desapariciones, pero no que el militar “metiera las manos en lo ajeno”. Hoy, gran parte de ese porcentaje persiste, como lo indica el alto apoyo que el candidato de derecha, el multimillonario Sebastián Piñera, anota en las encuestas.

De ese grupo, más otros que han vuelto a ser derechistas envalentonados por el aire triunfalista de Piñera, destaca una fracción que jamás le dio la espalda al dictador: los ex uniformados pinochetistas, muchos de los cuales siguen siendo perseguidos por la Justicia o procesados por su participación en la violación sistemática de los derechos humanos en Chile desde 1973 a 1989, lapso en que las fuerzas armadas gobernaron de facto este país.

Con este mismo grupo de oficiales se reunió de manera privada el pasado martes Sebastián Piñera. Consultado el miércoles por el carácter de la cita, el dueño de Lan Chile y Chilevisión, declinó hablar de los trascendidos que emanaron del encuentro, en el cual habría establecido no “estirar” más los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos. Por más que Piñera, acostumbrado a esconder lo que no le conviene o a tapar lo que lo enloda, intentó frenar la información, de a poco, como goteras de una casa que se llueve, los propios ex uniformados ligados a la dictadura fueron dando detalles que agradecidos valoraron “el gesto” del empresario.

Según cita el diario La Nación de Chile, el presidente de Chile Mi Patria, organismo que congrega a oficiales retirados, Rafael Villarroel, elogió al candidato que lidera las encuestas para llegar a La Moneda en diciembre asegurando que su promesa “es una demostración de buena predisposición, de buena voluntad y de dar una solución definitiva a la situación que afecta a un sinnúmero de oficiales y suboficiales en retiro de la Defensa Nacional”, mencionados, investigados y/o procesados por violaciones de los derechos humanos. “Como agrupación –sostiene la publicación– estamos muy contentos, muy conformes (pues) él nos interpretó plenamente.”

Otros antecedentes entregados por la Organización de Soldados Presos Políticos en Democracia (Ospped) señala que “el tema que motivó los mayores aplausos se refiere a la situación de persecución, de procesamientos y condenados en cárceles que afecta a uniformados por haber enfrentado la acción del terrorismo marxista”.

Llama la atención el uso de la palabra marxista, el mismo calificativo usado despectivamente por los militares dictatoriales, por ejemplo, para referirse al presidente Salvador Allende, o a todo el que oliera a democracia y libertad, por esos años.

“Velaré por la aplicación correcta –de acuerdo con nuestra legislación– de los tratados internacionales, el principio de prescripción de los delitos. Vamos a apelar para que la Justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país, incluyendo por supuesto a las personas que están en servicio activo o retiro de nuestras fuerzas armadas y del orden, sin arbitrariedades”, agregó Piñera. Más aplausos.

Para entender el tono del “perdonazo” se puede decir que sería equivalente a que un eventual presidenciable como Mauricio Macri se presentara ante represores de la ESMA, les pidiera el sufragio y les prometiera que en su eventual gobierno procurará que los tribunales apliquen con rapidez la amnistía y la extinción de penas por el transcurso del tiempo. Así de duro.

Y con sus típicas frases para la galería –cualquier galería– Piñera insistió en que, en caso de llegar a La Moneda, “tomará medidas para que la justicia se aplique en forma oportuna y sin mantener procesos ad eternum, que nunca terminan”.

Desde el gobierno, la vocera de La Moneda, Carolina Tohá, aclaró que el candidato de derecha “se refiere a crímenes de lesa humanidad que el mundo se ha puesto de acuerdo en que son imprescriptibles”, mientras que el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que existe el debido proceso, y que “si alguien estima que ello no se produce, debiera señalar caso por caso o situación por situación, en qué ejemplo ve lo que no se ha respetado”.

Esto hasta el miércoles. Cercado por la prensa, Piñera no tuvo más remedio que hablar de ello ayer. Pero, como viejo zorro, montó todo un show mediático para hacerlo. Mandó levantar un muro de cartón, con conceptos escritos sobre él, como abuso, respeto, temor, indiferencia. Tras derribarlo, accedió a hablar con los medios, dando la sensación de que todo eso es parte del pasado, haciendo un símil con la caída del Muro de Berlín hace 20 años.

“Por supuesto que me he reunido con muchos de ellos (fuerzas armadas), me reuní con muchos de ellos en Talcahuano, me he reunido con ellos en Santiago y me voy a reunir con ellos en Valparaíso y en Iquique.”

En las agrupaciones de detenidos-desaparecidos y de derechos humanos, el encuentro no pasó inadvertido. De hecho, que Piñera pretenda dirigirse a Iquique, en la zona norte de Chile, hizo recordar los peores momentos de la dictadura, cuando la Caravana de la Muerte, comandada por el general Sergio Arellano Stark –delegado por Pinochet para matar si era necesario a dirigentes contrarios al régimen– llegó hasta Iquique, la última ciudad de esa nefasta gira. En esa ciudad Pinochet vivió por años. Siempre obtuvo una alta aprobación y, de hecho, adquirió varios inmuebles, pues era de todo su agrado.