Desde Lima

La captura en Lima de un suboficial de la Fuerza Aérea del Perú acusado de espiar para Chile ha tensado las complicadas relaciones entre ambos países y generado una crisis diplomática entre Lima y Santiago. Ayer el caso de espionaje militar produjo la cancelación de la reunión que tenían prevista los presidentes García y Bachelet, que coinciden en Singapur para una cumbre presidencial del Foro Económico Asia-Pacífico. En Lima, la cancillería peruana llamó a consulta a su embajador en Santiago. El gobierno peruano acusó a Chile de espiar a las fuerzas armadas peruanas, lo que calificó como un acto “ofensivo” e “inamistoso”. Desde Santiago, las autoridades chilenas respondieron negando tener vinculación con el espía peruano y acusaron al gobierno de Lima de haber actuado “precipitadamente” al cancelar la cita pactada entre García y Bachelet y llamar en consulta a su embajador en Chile. El presidente peruano anunció que ante la crisis diplomática causada por el caso de espionaje había decidido adelantar su regreso a Lima, adonde debe llegar el lunes.

Esta denuncia de espionaje militar se produce en momentos en que Lima ha acusado a Santiago de estar embarcado en una carrera armamentista, y que ambos países mantienen una disputa fronteriza por un área marítima de 37.900 kilómetros cuadrados que es una herencia de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Perú y Chile en 1879. Perú ha llevado, en marzo de 2009, esta disputa limítrofe ante la Corte Internacional de La Haya, lo que distanció las relaciones entre ambos países.

El caso de espionaje estalló el jueves último, cuando fue capturado el suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Víctor Ariza, acusado de vender secretos militares peruanos a Chile. Según fuentes judiciales, Ariza ha admitido sus actividades de espionaje en su primera declaración ante el juez Luis Alberto Garzón, que lleva la causa. El juzgado informó que también han sido incluidos en el proceso judicial un segundo miembro de la FAP cuyo nombre no se ha revelado y dos supuestos militares chilenos, identificados como Víctor Vergara y Daniel Márquez, quienes serían los presuntos contactos del espía peruano.

El suboficial Ariza, de 45 años, quien trabajaba en el área de inteligencia y tenía acceso a información secreta, habría entregado a Chile información sobre el equipamiento militar de la FAP; los detalles de un plan de modernización de los aviones de guerra hasta el año 2021; fotografías de bases aéreas militares, como la estratégica base de La Joya, en Arequipa, la más importante del sur del país, ubicada a unos 400 kilómetros de la frontera con Chile; los códigos de los teléfonos y faxes encriptados de la embajada peruana en Santiago; la identidad de personal de inteligencia militar del Perú, entre otra información. El militar peruano, que operaría para la Inteligencia chilena desde hace varios años, fue capturado por efectivos de contrainteligencia de la fuerza aérea. Ariza habría sido captado por la Inteligencia chilena en el año 2002, cuando trabajó en la embajada peruana en Santiago como asistente de la agregaduría militar. El militar regresó al Perú en enero de 2003.

El último caso de un militar peruano acusado de espiar a favor de Chile ocurrió en 1979. En esa ocasión, el también suboficial de la Fuerza Aérea, Julio Vargas, fue fusilado por el gobierno militar de entonces, que encabezaba el general Francisco Morales Bermúdez. Ahora la pena de muerte solamente puede aplicarse en caso de traición a la patria durante un conflicto armado, por lo que Ariza, quien se encuentra detenido, no correrá la misma suerte de Vargas.

El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, calificó el caso de espionaje como “trágico, lamentable y repudiable” y exigió al gobierno chileno que investigara lo ocurrido y “sancione a los responsables de este hecho, que a juicio del gobierno peruano es ofensivo al Perú y un acto inamistoso”. El ex comandante nacionalista Ollanta Humala, quien compitiera con García en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2006, señaló que el gobierno debe retirar a su embajador en Santiago, y no limitarse con llamarlo a consulta. También exigió que se anulara el Tratado de Libre Comercio con Chile firmado en marzo de 2009.

Desde Santiago, se negó validez a la acusación peruana. “Chile no espía; es un país serio en sus relaciones internacionales”, señaló Carolina Tohá, ministra vocera del gobierno de Chile, en respuesta a las acusaciones peruanas. Tohá criticó la reacción peruana ante este caso de espionaje: “Cuando hay denuncias como ésta, los gobiernos debemos ser prudentes y serios, no corresponde que haya reacciones precipitadas ante antecedentes que no tienen como fundamento una investigación que sea válida”.