El gobernador colombiano secuestrado en la noche del lunes, Luis Francisco Cuéllar, fue hallado muerto en un paraje rural. Al cierre de esta edición, el mandatario de línea dura con la guerrilla, Alvaro Uribe, confirmó que al político lo mataron. “Todavía no tenemos la hora del asesinato, pero tenemos la confirmación de que fue degollado.” Uribe responsabilizó al grupo rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero éstas no se atribuyeron ni el secuestro ni el asesinato. El cuerpo de Cuéllar se encontró a 15 kilómetros al sudeste de Florencia, capital de Caquetá, con impactos de bala y una herida en el cuello. Fuentes oficiales informaron que el descubrimiento “fue reportado por campesinos del sector, cerca del lugar donde fue hallado el vehículo incinerado en el que fue capturado Cuéllar”.

Por la noche Uribe reiteró la orden que había emitido en la mañana: ir tras el rescate de los rehenes de la principal guerrilla colombiana. El presidente había enviado cerca de 300 hombres del Ejército en busca del dirigente de 69 años. Cuéllar fue secuestrado por un grupo de hombres vestidos con prendas militares, que hicieron estallar un artefacto explosivo frente a su casa, mataron a su escolta personal y lo sacaron de la cama en pijama y sin zapatos, según describió su esposa a la prensa local. Los secuestradores arrastraron de los brazos al funcionario hasta una camioneta, que horas después se estrelló en las afueras de Florencia y fue incinerada, al parecer para borrar evidencias.

El fuerte operativo militar montado intentó lograr la liberación, forzada o unilateral, del rehén político, así como también la de los 24 militares y policías que se encuentran en manos de la guerrilla. En esas primeras horas de búsqueda, el presidente hizo una breve declaración en el Palacio de Nariño para justificar la medida: “He pedido a las Fuerzas Armadas que hagamos todos los esfuerzos para rescatar al señor gobernador de Caquetá y para rescatar a todos los secuestrados que quedan en manos de estos bandidos”. Uribe esgrimió en esas líneas que “hay que hacer todo el esfuerzo militar y policial para concretar el rescate”, porque “no se puede seguir pendientes de los caprichos de los terroristas que bañan este país en sangre y que todos los días quieren engañarlo”.

A lo largo de toda la jornada se temió que la decisión presidencial terminase en el peor de los escenarios posibles: el asesinato de los secuestrados. El rescate vía militar siempre fue rechazado por familiares de los rehenes. Ayer Nelly Moreno, madre del intendente secuestrado Alvaro Moreno, declaró que “ese rescate no es como antes, porque ya están muy prevenidos; es un peligro. Eso es lanzarlos a la muerte, ponerlos entre la espada y la pared”. Asimismo, el ex legislador Luis Eladio Pérez, liberado por las FARC en 2008, advirtió que intentar el rescate militar era prácticamente sellar la suerte de los rehenes, porque serían ultimados.

El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, viajó ayer a Florencia, capital de Caquetá, para dirigir personalmente los operativos militares del rescate. Reveló que el gobierno colombiano ofreció medio millón de dólares de recompensa por información que permitiera establecer el lugar donde estaba el gobernador y decretó: “Esto demuestra que hay un esfuerzo del narcoterrorismo para demostrar una capacidad en decadencia; habrá un esfuerzo para perturbar la democracia, pero el Estado colombiano está firme para enfrentarlos”.

Desde el Ejecutivo colombiano, el vicepresidente Francisco Santos envió un “mensaje de tranquilidad a la ciudadanía” afirmando que “lo que se necesita es mucha más seguridad democrática y no menos”. Pero la captura del mandatario regional pone en entredicho la “seguridad democrática” esbozada como bandera del gobierno de Uribe en su lucha contra la insurgencia. Su muerte también. Anoche el presidente culpó a la “columna Tefilo Forero” de las FARC por la aparición sin vida del político. “Los altos mandos me explicaron que como había una persecución de la fuerza pública seguramente los terroristas, para evitar hacer disparos, decidieron degollarlo.” Entonces Uribe insistió con su política militar. “En Colombia el secuestro no paga. Seguiremos en la tarea de la seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen el apoyo y la motivación para derrotar a los secuestradores.”

Luis Francisco Cuéllar fue electo gobernador de Caquetá en 2007 con el respaldo de la centroizquierdista Alianza Social Indígena. Fue también alcalde de la población de Morelia, Caquetá, y diputado de ese departamento. Próspero ganadero, ésta no era la primera privación de la libertad a la que se lo sometió: había sufrido cuatro secuestros anteriores.