El segundo día de paro general en Venezuela, con intención de apurar la salida del presidente Hugo Chávez, estuvo signado por focos de confrontación en Caracas tras el llamado al paro activo de parte de la alianza opositora Coordinadora Democrática: el puntapié fue en Chuao, donde miembros de la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes agolpados frente a la sede estatal de petróleo PDVSA. El otro choque lo protagonizaron los militares rebeldes que se trasladaron desde la Plaza Altamira hacia Chuao; al tiempo que un grupo de opositores cortó la principal autopista caraqueña Francisco Farjo, donde también protagonizaron choques con la GN. La oposición anunció que el paro general continúa hoy y llamó a manifestarse en las calles. A esto se sumó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la convocatoria a referéndum consultivo para el próximo 2 de febrero sobre la permanencia del Chávez en el cargo, esta vez con los cuatro votos legalmente necesarios, y que el legislativo destituyó al magistrado que había absuelto a los militares involucrados en el efímero golpe de abril.
La paralización se concentró principalmente en el comercio y áreas industriales en el interior del país, en los estados petroleros de Zulia y Anzuátegui, el agrícola Lara y el industrial Carabobo. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), una de los organizadores de la huelga, admitió que el paro de ayer fue menor al del lunes: entre 65 y el 70 por ciento, frente al 80 del primer día. Ante el temor de que comenzara a faltar el combustible, la Guardia Nacional obligó al transporte de gasolina y hubo equipos de contingencia en las plantas de producción y distribución de petróleo. La escasez debería notarse pasados los tres o cuatro días de la parálisis de la actividad, lo que a esta altura no suena disparatado.
Los ánimos se caldearon tras la actuación de la Guardia Nacional contra grupos que en principio eran minoritarios. La GN dispersó con gases lacrimógenos a un grupo de los militares disidentes que intentó llegar a una sede en Caracas de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), “estratégica” para el gobierno. Frente a la plaza de Chuao –donde el pasado 11 de abril comenzó lo que luego sería la movilización al Palacio Miraflores, que derivaría en el breve golpe de Estado contra Chávez– se encuentra también la sede más grande de PDVSA, donde comenzaron los disturbios a partir de la intervención con gases de la Guardia Nacional.
El ex inspector de la GN general Carlos Alfonso Martínez, uno de los 14 altos mandos que se encuentran en rebeldía desde el pasado 22 de octubre en la plaza de Altamira de Caracas, se trasladó junto a otros insurrectos hasta el edificio de PDVSA-Chuao para “hablar” con sus ex compañeros de armas. Con respecto a la situación de los golpistas, la unicameral Asamblea Nacional (Poder Legislativo) anunció ayer la destitución del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia autor de la ponencia que el 14 de agosto absolvió a jefes militares opositores al presidente Hugo Chávez de haber cometido golpe de Estado en su breve remoción del poder el pasado 12 de abril. El diputado oficialista Omar Mezza, quien preside una comisión que investiga la corrupción del Poder Judicial, dijo a periodistas que la Asamblea Nacional declaró la “nulidad del acto administrativo mediante el cual fue designado para el Tribunal Supremo de Justicia el magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez”.
En paralelo, decenas de personas cortaron el tránsito en la principal autopista de Caracas, la Francisco Fajardo, justo en el tramo que divide Altamira de Chuao, donde colocaron varios camiones. El corte a la autopista se ejecutó en su parte este, al pie de la Plaza Altamira, bastión opositor, con pequeñas barricadas levantadas con bolsas de basura. Finalmente, el controvertido referéndum consiguió la vía legal. “Aprobada como ha sido, con la mayoría calificada se convoca a todos los inscritos en el Registro Electoral el 2 de febrero del 2003 a referéndum consultivo”, declaró el presidente del CNE, Alfredo Avella. La directiva del CNE había aprobado el pasado 27 de noviembre la convocatoria a esaconsulta popular no vinculante con sólo tres votos de los cinco miembros de la junta electoral, lo que dio vicios de nulidad a esa decisión, según una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El pasado 28 de noviembre, la Sala Constitucional del TSJ ratificó un fallo, emitido dos semanas antes, que dictaminó que las decisiones del CNE deben ser aprobadas por una mayoría calificada de sus miembros, es decir, por cuatro de sus cinco directivos. Avella explicó que la directiva revocó la resolución del pasado 27 de noviembre, y ayer, en una nueva reunión, “se retomó el asunto” del referéndum consultivo y “se aprobó con cuatro votos”.
Ese referéndum consultivo no vinculante sobre la permanencia de Chávez en el poder lo pidió el pasado 4 de noviembre la alianza opositora Coordinadora Democrática, con el aval de más de dos millones de firmas. El gobierno rechaza esa consulta porque, según argumenta, la revocación del mandato presidencial, regional o municipal sólo puede ser consultada a través del referéndum “revocatorio”. Este tipo de consulta es vinculante y está prevista en la Constitución Bolivariana de 1999, que puede activarse a partir de la mitad del período de mandato, que en el caso de Chávez se cumplirá el próximo 19 de agosto.