Desde Madrid

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco generó ayer un verdadero terremoto diplomático entre España y Venezuela al sostener en un auto de procesamiento de un puñado de dirigentes etarras y de la guerrilla colombiana de las FARC que hay “indicios de cooperación” del gobierno de Hugo Chávez con los dos grupos terroristas. Luego de conocerse la noticia, el propio Rodríguez Zapatero pidió explicaciones al gobierno venezolano desde Alemania, país en el que se encuentra de visita oficial. Miembros de la cancillería española se mostraron sorprendidos por la dureza del documento judicial que enturbia las ya de por sí débiles relaciones entre Caracas y Madrid.

El escándalo destapado por la Justicia madrileña tiene muchos personajes, pero uno de ellos es central: se trata de Arturo Cubillas Fontán, el ex etarra que fue nombrado en octubre de 2005 como director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras venezolano, lo que generó en su momento roces diplomáticos entre el país caribeño y España. Tanto Cubillas Fontán como su mujer Goizeder Odriozola, una periodista venezolana de orígenes vascos, nombrada también en su momento como directora del despacho del Ministerio de la Presidencia en Caracas, llegaron a Venezuela en mayo de 1989 procedentes de Argelia luego del fracaso de las conversaciones entre ETA y el gobierno del socialista Felipe González. Un acuerdo tripartito entre Venezuela, España y Argelia permitió que se les concediera la residencia a once etarras en el país caribeño, por lo cual Venezuela siempre ha mantenido que la situación de Cubillas Fontán es perfectamente legal y ha advertido, al inicio del proceso cuyo auto judicial se conoció ayer, que no puede ser extraditado porque se le concedió la ciudadanía venezolana.

Pero el auto de la Audiencia Nacional aporta elementos que hasta ahora se desconocían en la historia y que podrían generar una tormenta diplomática de magnitudes entre ambos países. Hasta ahora se sabía que Cubillas Fontán tiene abiertas cuatro causas en España originadas en los años 1984 y 1985. Tres de ellas por asesinato y una por daños terroristas. En octubre de 2006 la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) había solicitado al gobierno español que pusiera en marcha los procedimientos legales para solicitar la extradición del ex etarra.

El caso durmió en los cajones de la Justicia española hasta que el juez Eloy Velasco dio a conocer ayer su auto de procesamiento contra seis presuntos miembros de ETA y siete miembros de las FARC, acusados de llevar a cabo operaciones en territorio español con el objetivo de asesinar al actual presidente Uribe y a ex mandatarios, empresarios y dirigentes políticos colombianos residentes en el país, como el ex presidente Andrés Pastrana. Velasco se había declarado competente en diciembre de 2008 para investigar una denuncia interpuesta por la Fiscalía en la que se sostenía que los etarras habían dado cursos de manejo de explosivos a miembros de la FARC y del Frente de Liberación Bolivariana, un grupo armado venezolano, en la selva colombiana. Entre los etarras figuraba Cubillas Fontán, el que según el juez fue escoltado por miembros de la inteligencia y de las Fuerzas Armadas de Hugo Chávez hasta el sitio de la selva colombiana en la que en teoría dio su cursillo de uso de armamentos en el año 2007.

El documento judicial hecho público ayer por la Audiencia Nacional afirma que los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales, “El Mocho”, y Víctor Ramón Vargas Salazar, “Chato”, se trasladaron a España para solicitar ayuda a ETA con el objetivo de realizar atentados contra intereses colombianos en la península. Según el juez Velasco, realizaron vigilancias en la Embajada de Colombia y trataron de averiguar el paradero del ex presidente Andrés Pastrana, al tiempo que evaluaban realizar un atentado contra Uribe cuando el actual mandatario colombiano viajara a Madrid. Otros objetivos eran la entonces embajadora colombiana en España, Noemí Sanín; el ex candidato presidencial y dos veces intendente de Bogotá Antanas Mockus, y el actual vicepresidente, Francisco Santos.

Al conocerse el auto judicial, la primera reacción de la diplomacia española fue de sorpresa. Rodríguez Zapatero ha tratado de mantener buenas relaciones con Caracas a pesar de la presión que ha ejercido en contrario la oposición del Partido Popular. Los socialistas han tratado de preservar las inversiones españolas en Venezuela por encima de los desencuentros ideológicos con el gobierno chavista y han tendido puentes de plata cada vez que se produjeron incidentes entre ambos países, como el generado por el célebre “Por qué no te callas” con el que el rey Juan Carlos interrumpió a Hugo Chávez en la cumbre hispanoamericana realizada en Santiago de Chile en 2007. Ahora, coinciden en afirmar fuentes diplomáticas consultadas por Página/12, será muy difícil mantener una postura amigable, salvo claro está que Hugo Chávez decida conceder la extradición de Arturo Cubillas Fontán, algo más que improbable. La embajada venezolana ayer en Madrid prefirió guardar silencio ante la tormenta. “Son temas demasiado delicados”, argumentaron.