Una ley que prohíbe la venta de videojuegos violentos y juguetes bélicos, que incluye penas de cárcel y fuertes multas, entró ayer en vigencia en Venezuela, en un intento por reducir la incidencia que éstos tienen en la criminalidad. La ley fue aprobada por unanimidad el año pasado por la mayoría oficialista en el Congreso, por lo que ahora entra en vigor tras una pausa legal de 90 días, según informó el diputado Wilmer Iglesias.

Prevé multas de entre 28.000 y 70.000 dólares, además de penas de entre dos y cinco años de cárcel para los reincidentes en la importación, fabricación, distribución, venta, renta y uso de este tipo de materiales.

Iglesias dijo que se trata de una ley muy importante, pues “afecta a todos por igual, sin importar creencias religiosas, políticas y sociales”.

Agregó que cada vez se confirma con mayor precisión, a través de estudios científicos e investigaciones, que la actividad que se realiza a través del juego tiene una influencia notable en la conducta del niño.

Admitió que la legislación no va a solucionar el problema de la violencia, pero abre un escenario positivo para la discusión sobre untema que afecta a todos por igual.

“Entendemos que la aplicación de esta norma forma parte de un proceso paulatino, aplicación que nos exige a todos una gran responsabilidad de los tres factores en los cuales se fundamenta la sociedad actual, es decir, la escuela, la familia, así como la Iglesia”, señaló el legislador. Iglesias dijo que junto con la ley, los medios de prensa deberán poner en práctica campañas permanentes contra los videojuegos y juguetes bélicos, y otras para difundir la ley y para prevenir el delito.