El Tribunal Supremo de España despejó ayer la vía para llevar a juicio al juez Baltasar Garzón. El recurso de apelación presentado por el magistrado en la causa de presunta prevaricación por la investigación de los crímenes del franquismo fue rechazado de plano, según reveló una resolución publicada por el máximo tribunal. En el documento, el Supremo afirma que la acusación contra el juez de la Audiencia Nacional “ni es arbitraria ni es ilógica o absurda”, por lo que no hay motivos para invalidar el caso. La sentencia judicial abre la oportunidad para que el magistrado instructor de la causa, Luciano Varela, pueda ordenar directamente la apertura de un juicio oral.

“Demostraré que la inocencia siempre ha presidido mi actuación. Es probable que a muchas personas les gustaría verme en el banquillo de los acusados, pero en cualquier caso, me defenderé”, dijo Garzón tras darse a conocer la resolución. “Seguiré defendiendo mi inocencia absoluta y la regularidad de mi actuación. Asumo la situación, aunque no con agrado”, sostuvo el magistrado en declaraciones a los medios locales, según informó el diario El País de España.

La decisión del máximo tribunal no valora si Garzón debe ser finalmente juzgado o no, sino que se limita a señalar que no hay motivos suficientes para invalidar los argumentos de delito de prevaricato presentados por el instructor del proceso. El juez Varela puede ordenar ahora la apertura de un juicio oral o dictar primero un auto de procesamiento contra el titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional española. En caso de que el proceso oral finalmente se abra, Garzón será automáticamente suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces en España.

En mayo del año pasado, la querella contra el reconocido juez fue interpuesta por varias organizaciones de la ultraderecha, entre las que se incluyen el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), heredera del partido único en el que se asentó la dictadura del general Franco.

Según los demandantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil de la década del ’30 y la posterior dictadura franquista, pese a que la Ley de Amnistía que rige en España desde 1977 lo limita.

La admisión de la querella fue aceptada por el juez Varela, quien en duros términos acusó al magistrado de haber ignorado conscientemente la legislación española para los crímenes de la dictadura.

En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia española.