La Justicia venezolana detuvo ayer al presidente de Globovisión, el principal canal de televisión abierta opositor del país. Guillermo Zuloaga estaba por tomar un avión hacia la isla de Bonaire, en las Antillas Holandesas, para pasar Semana Santa con su familia, cuando lo sorprendió un grupo de soldados de la Dirección de Inteligencia Militar. No le dieron muchas explicaciones, excepto que un juez había librado una orden de captura para evitar su salida del país. Según la fiscal general de la Nación, Zuluaga cometió delitos contra el presidente Hugo Chávez y su gobierno en declaraciones realizadas durante la última cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Aruba, el domingo pasado. “Cometió varios delitos por ofensa o vilipendio y por divulgación de información falsa”, explicó Luisa Ortega Díaz. Según informó Globovisión anoche, el juez del caso liberó al empresario, pero dictó una medida cautelar para que no pueda abandonar el país. Los delitos que enfrenta pueden sumar hasta cinco años de prisión.

El padre de la demanda contra el empresario mediático es el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional, el oficialista Manuel Villalba. El miércoles, el legislador se había presentado ante la fiscal Ortega Díaz para pedir la apertura de una investigación contra el dueño de Globovisión. “Este ciudadano tiene que asumir la responsabilidad posterior a su declaración”, había asegurado tras salir de la reunión. Según recordó, el empresario había acusado al presidente Chávez de ordenar “disparar y echarle plomo a los venezolanos” opositores durante el golpe de Estado de 2002, que lo sacó del poder durante 48 horas. “Nosotros –había agregado el empresario– estamos también en contra de lo que se realizó en aquel momento, porque si se hubiera hecho bien, quizás tuviéramos una Venezuela distinta hoy.”

Para Villalba, las declaraciones de Zuloaga en Oranjestad, la capital de Aruba, donde los dueños de los medios de comunicación más influyentes del hemisferio realizaron la cumbre, no sólo fue una injuria hacia el presidente Chávez, sino también un reconocimiento velado de la participación de Globovisión en el complot golpista.

El domingo pasado, Zuloaga y Miguel Enrique Otero, el director del diario El Nacional, otro de los medios opositores más influyentes de Venezuela, habían sido los responsables de describir la situación política de su país. “No se puede hablar de libertad de expresión en un país cuando el gobierno usa la fuerza para cerrar medios. El presidente Chávez ganó unas elecciones y cuenta con legitimidad de origen, pero se ha dedicado a ser el presidente de un grupo de venezolanos y trata de dividir a los ciudadanos”, había relatado Zuloaga.

Estaba escoltado por Marcel Granier, el presidente de RCTV, el canal opositor al que Chávez se negó a renovar su licencia en 2007 luego de acusarlo de haber participado en el golpe de 2002 y continuar difundiendo información falsa sobre su gobierno. Después de la salida del aire de RCTV, el gobierno venezolano empezó a apuntar sus cañones contra la emisora de Zuloaga, otro de los medios que apoyaron y participaron en el golpe de 2002.

En los últimos tres años, Globovisión acumuló 40 procesos legales en su contra y el año pasado la policía allanó la casa de Zuloaga, en base a “inteligencia ciudadana”, según declaró entonces Chávez. Encontraron 24 autos último modelo, sin documentación, pero el empresario no fue condenado por ningún delito. Tres meses después, un grupo de simpatizantes chavistas irrumpieron armados en la sede de Globovisión y tiraron gases adentro del edificio. Zuloaga responsabilizó públicamente a Chávez.

Ayer, el presidente de la SIP –y codirector del diario de Miami Las Americas–, Alejandro Aguirre, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo asociado de la OEA, fueron los primeros en condenar a nivel internacional la detención de Zuloaga. “Evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y la utilización de la Justicia criminal para castigar expresiones críticas”, denunció la CIDH. Unas horas antes, el organismo había difundido otro comunicado advirtiendo sobre el acoso judicial a opositores. Mencionaba dos casos. Uno era el de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, presa desde diciembre, a pesar de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. La jueza había decretado la libertad del ex banquero Eligio Cedeño, condenado por delitos financieros en Caracas y ahora asilado en Florida.

El otro caso, más reciente, era el del ex gobernador del rico y opositor estado de Zulia, Oswaldo Alvarez Paz. El dirigente había sido detenido hace dos lunes bajo los mismos cargos que Zuloaga ayer. El ex gobernador había acusado a Chávez de convertir al país en un refugio de narcotraficantes y terroristas. Lo había dicho en uno de los programa más vistos de Globovisión. “Alvarez Paz está detenido porque cometió un delito, porque por la boca muere el pez”, sintetizó esta semana la presidenta de Asamblea Nacional, Cilia Flores.