La Justicia uruguaya condenó ayer al ex canciller de facto Juan Carlos Blanco, que ejerció su cargo durante parte de la dictadura militar (1975 a 1983), a 20 años de prisión por “homicidio muy especialmente agravado” de la maestra Elena Quinteros, ocurrido en 1976, y que provocó en su momento la ruptura de relaciones con Venezuela. El juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini hizo lugar así en forma parcial en su dictamen al pedido de la fiscal Mirtha Guianze y dispuso la condena del ex ministro de Relaciones Exteriores por su responsabilidad en el crimen.

Guianze había solicitado el 27 de agosto de 2008 la condena de Blanco por el delito de “desaparición forzada”, pero el magistrado promovió un cambio en la tipificación y lo condenó como “coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado”. La sentencia fue notificada a la defensa y a la Fiscalía que analizaba aspectos aún polémicos sobre los crímenes perpetrados durante el proceso cívico-militar, como los plazos de prescripción de los asesinatos y su consideración como delitos de lesa humanidad.

Elena Quinteros fue secuestrada por fuerzas de la dictadura del interior de la Embajada de Venezuela el 28 de junio de 1976, donde intentó refugiarse. La militante anarquista había sido detenida unos días antes y aprovechó una distracción de sus captores para saltar el muro de la embajada, desde donde fue sacada por la fuerza. En su momento, el secuestro de Quinteros implicó una ruptura diplomática entre los gobiernos de Caracas y Montevideo, que se extendió hasta 1985, cuando Uruguay recuperó la democracia.

Blanco se encuentra en prisión desde 2006 por los asesinatos del senador uruguayo Zelmar Michelini y del presidente de la Cámara de Diputados del país, Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires.

Juan María Bordaberry gobernó de forma constitucional de 1972 a 1973 y de facto de 1973 a 1976. Actualmente cumple arresto domiciliario por una condena de 30 años.