El sandinismo y la oposición negociaron ayer una tregua y frenaron la escalada de violencia de las últimas 48 horas. La tensión se reflejaba en la cara de cada uno de los 90 diputados, cuando a las 10 de la mañana el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista René Núñez, anunció, triunfante, el inicio de la primera sesión en semanas. Los 48 legisladores de la oposición habían llegado minutos antes, escoltados por un enorme operativo de seguridad. Según los medios nicaragüenses, habían accedido a dar quórum a cambio de agregar al temario la anulación de un decreto presidencial, que había ignorado al Legislativo y renovado a 25 funcionarios judiciales, entre ellos jueces de la Corte Suprema y del Consejo Electoral. Sin embargo, el tema no se trató; sólo votaron tres préstamos internacionales y aprobaron la salida de tropas a Venezuela y la entrada de un contingente militar venezolano al territorio.

A las 9 de la mañana parecía que los opositores volverían a quedar afuera de la Asamblea Nacional. Desde el martes no podían ingresar porque cientos de militantes sandinistas habían cercado el edificio y los amenazaban con piedras y bombas caseras. Sin embargo, cerca de las 10 ingresaron al recinto y se sentaron en sus bancas. No dieron grandes discursos ni denunciaron las amenazas de los últimos días. Ya lo habían hecho ante los medios, sin demasiado éxito. En cambio, aceptaron votar las leyes que, según el gobierno, estaban frenando el desarrollo del país. Aprobaron tres préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para obras en el sistema energético y la cooperación militar con Venezuela.

Según los medios locales, no se discutió el decreto de Daniel Ortega que desató una nueva puja entre el sandinismo y la oposición. En enero pasado, aprovechando el receso legislativo, el presidente nicaragüense decretó la renovación mecánica de todos los funcionarios del Poder Judicial, cuyos mandatos vencían este año. En total son 25 e incluyen a tres jueces de la Corte Suprema, diez del Consejo Supremo Electoral y cinco fiscalizadores de cuentas federales.

A fines del año pasado, la oposición –tanto los liberales de centroderecha como los sandinistas disidentes que le reclaman al gobierno que vuelva a las raíces de la Revolución Sandinista de 1979– le advirtió al presidente que no ratificarían a los mismos magistrados que estaban ocupando los cargos. Acusaban a los funcionarios de ser adictos al gobierno, especialmente después de que la Corte Suprema fallara a favor de la reelección presidencial de Ortega, una figura prohibida por la Constitución Nacional.

Por eso, después de mucho debate entre las fuerzas opositoras, la mayoría parlamentaria intentó sesionar anteayer para anular ese decreto y abrir un proceso de elección y ratificación de los nuevos magistrados. Pero no pudieron. Cientos de militantes sandinistas furiosos rodearon el edificio de la Asamblea Nacional y no los dejaron entrar. También los fueron a amedrentar a las sedes partidarias de los liberales. Quemaron autos, amenazaron a periodistas afines a la oposición y, en medio de los enfrentamientos, hasta le tiraron piedras al auto en donde viajaba el vicepresidente, Jaime Carazo, quien los acusó de “simples pandilleros”. Para escapar, los 48 diputados opositores se refugiaron en el Holiday Inn del centro de Managua. Allí, en uno de los salones del hotel, improvisaron una sesión y aprobaron por unanimidad ingresar a comisión un proyecto de ley para anular el decreto presidencial. Tuvieron que votarlo de apuro. Afuera, los sandinistas se habían enterado de que estaban allí y se habían apostado frente al hotel.

Desde Washington, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió calma y al gobierno nicaragüense, que controle a su gente. Ayer finalmente la situación se tranquilizó, lo suficiente como para poder sesionar. Pero la crisis está lejos de solucionarse. “El día de hoy es una victoria del pueblo. Ustedes los obligaron a sentarse, pero hay que seguir alerta, ni un paso atrás”, arengó, tras la sesión de la mañana, el diputado sandinista Edwin Castro.