Desde Madrid

Ciudadanos de veinticinco ciudades españolas salieron ayer a la calle para manifestar su apoyo al juez Baltasar Garzón y pedir el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo. Lo hicieron en conjunto con manifestaciones celebradas en Buenos Aires, Bruselas y Dublín, dándole a la causa una trascendencia internacional aún mayor. La concentración más importante tuvo lugar en Madrid, donde miles de personas marcharon desde la plaza de Cibeles a la Puerta del Sol, donde el director de cine Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana leyeron un manifiesto de apoyo al juez y de condena al proceso que se le está siguiendo por haberse atrevido a investigar las atrocidades cometidas por la dictadura franquista entre 1936 y 1975.

Banderas tricolores republicanas, puños en alto, la consigna “¡No pasarán!” gritada a voz en cuello, lo que bien podría ser una escena de la España de los años treinta es, sin embargo, la manifestación más importante que se haya celebrado hasta la fecha en apoyo al juez Baltasar Garzón, desde que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella presentada por organizaciones de ultraderecha, como Falange Española y Manos Limpias, contra el magistrado, abriendo de ese modo la puerta a su procesamiento y eventual destitución de su juzgado en la Audiencia Nacional madrileña.

La marcha, que comenzó en Madrid a las 18.30, fue precedida por manifestaciones realizadas a lo largo del día en otras 24 ciudades de España, convocadas por la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo, una iniciativa apoyada por las asociaciones de víctimas de la dictadura, partidos políticos de izquierda y sindicatos, y que tuvo su impulso inicial en la red social Facebook en Internet.

La magnitud de las protestas realizadas ayer ha puesto de manifiesto que el proceso contra Garzón se le ha ido de las manos a la Justicia española, ya que si la intención original era castigar al juez por haberse atrevido a poner en cuestión la Ley de Amnistía dictada en 1977 para garantizar la impunidad de los genocidas del franquismo, el resultado que han obtenido es un resucitar de la España republicana como no se había visto desde los días de la Transición, luego de la muerte del dictador Francisco Franco.

A juzgar por el tono y la magnitud de la convocatoria en las manifestaciones queda claro que el fin de la Segunda República, luego de perder la Guerra Civil que tuvo lugar entre 1936 y 1939 sigue siendo una herida sin cerrar en parte de la sociedad española. También es evidente que la larga dictadura que culminó con el generalísimo Franco muerto en su cama, nunca fue derrotada políticamente. Por ese motivo, el franquismo sobrevivió a su creador y se metamorfoseó en Alianza Popular, la organización política de la que procede el actual Partido Popular. En las primeras elecciones libres celebradas en 1977 triunfó incluso la UCD de Adolfo Suárez, un ex franquista reconvertido que aseguró durante su breve gobierno la supervivencia del entramado social y político del régimen con sus leyes y disposiciones. Las víctimas de la dictadura tuvieron que esperar hasta 2004, cuando llegó al poder el socialista Rodríguez Zapatero, para que se dictara una tibia ley de reparación histórica, legislación que aprovechó Garzón para abrir el primer proceso contra la dictadura en su conjunto, procesando a dirigentes ya muertos en su gran mayoría.

El valor simbólico de esta medida impulsada por el juez fue tan fuerte que movilizó de inmediato a la derecha política, en connivencia con jueces y políticos de tendencia progresista que tenían sus propios motivos para despreciar a Garzón, hasta conseguir que un juez con simpatías de izquierdas como Luciano Varela lo sentara en el banquillo. Una prueba del escozor que provocó la investigación de Garzón la dio ayer el líder del Partido Popular Mariano Rajoy cuando tachó de antidemocráticas las manifestaciones en apoyo al juez antes incluso de que se produjeran. El tono cada vez más encendido de las condenas del PP y el empeño que ha puesto Rajoy al pronunciarse durante la pasada semana más de una vez contra los que manifiestan a favor del juez, llevando incluso a mitad de semana el debate al seno del Parlamento, sirven también para dar una idea de lo importante que continúa siendo para la derecha española defender su legado histórico, el de los vencedores de la Guerra Civil. Pero ni el Partido Popular ni los jueces del Tribunal Supremo que admitieron la querella contra Garzón de las organizaciones de ultraderecha parecen que hubieran previsto una movilización sin precedentes de la sociedad española que ha salido a la calle, como bien lo señalaron ayer los que hablaron en los actos de protesta, no sólo a defender a un juez sino el derecho de las víctimas a la dignidad y la justicia. Termine como termine el proceso contra el juez está claro que los fantasmas del pasado han vuelto y la democracia española tal vez se vea abocada a partir de ahora a saldar las viejas deudas que la Transición dejó pendientes hace ya más de tres décadas.