Desde México, D. F.

Cuando el pasado fin de semana la prensa local le preguntó a la gobernadora Jan Brewer qué criterios utilizará la policía de Arizona para decidir quién es un sospechoso de ser un extranjero indocumentado, ella no supo qué contestar y eludió el tema. Pero no hace falta especular demasiado para conocer la respuesta: el componente racial será determinante para que cualquier persona no caucásica se convierta inmediatamente en un ilegal en potencia. Lo que se viene es el apartheid.

En medio de las protestas de la comunidad mexicana en Arizona (ver recuadro), la ley antiinmigrante SB 1070 que criminaliza la inmigración ilegal, aprobada el viernes pasado por la gobernadora Brewer, logró lo que pocos en los últimos años: unificar a la dividida opinión pública y política en México para condenar el potencial de violaciones de derechos humanos implícito en esa legislación local estadounidense.

La ley antiinmigrante “es persecutoria y racista, de espíritu francamente fascista”, aseguró el dirigente histórico de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas, quien resumió en esa frase la postura de todos los partidos políticos y de los principales actores nacionales, sin importar su signo. Incluso el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó a la ley antiinmigrante como “irresponsable” e instruyó a sus asesores para que monitoreen y examinen los efectos en materia de derechos civiles de esa legislación.

Al margen de que esta ley tiene pocas probabilidades de sobrevivir, considerando que en Estados Unidos el tema migratorio es materia exclusiva del ámbito federal, el temor de la comunidad latinoamericana residente en aquel país es que al convertir a cualquier policía en un agente de migración se multipliquen las violaciones a los derechos humanos de este sector de la población.

La alarma no es gratuita, particularmente en Arizona, donde en más de un condado la policía se ha excedido en tratos discriminatorios y violentos contra personas latinas. Los abusos ahora estarían amparados en la ley.

En México, el presidente Felipe Calderón dijo que su administración actuará en contra de lo que llamó la “absurda” e “inhumana” ley antiinmigrante en Arizona para defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, y anunció la creación de una red de abogados en el país vecino del norte “para defender con la ley en la mano, con la propia Constitución estadounidense, los derechos de los migrantes”.

Según Calderón, “toda regulación que se asiente en criminalizar el fenómeno migratorio abre la puerta a abusos, la intolerancia y el odio. Vamos a actuar contra una ley absurda que abre la puerta a una inaceptable discriminación racial”, dijo durante un encuentro por el migrante organizado en el XI Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organismo de la Cancillería mexicana que básicamente funciona solamente en Estados Unidos.

Sin embargo, para Cuauhtémoc Cárdenas y buena parte de la oposición en México, no basta con una actitud reactiva del gobierno mexicano para defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y llamó a Calderón a que haga una propuesta de Estado que permita resolver de fondo los problemas de la migración irregular de México hacia Estados Unidos.

“Es el momento de proponer un adendum al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que considere la creación de fondos de compensación para reducir las asimetrías económicas” entre México, Estados Unidos y Canadá, así como un compromiso para fijar condiciones laborales en los tres países “que garantice el respeto y ejercicio de los derechos de los trabajadores donde quiera que realicen su actividad, y que prevea los plazos en los cuales, así como ya sucede con las mercancías, se dé también la libre circulación de personas”.

Para muchos, la ley antiinmigrante en Arizona abre una caja de Pandora que vuelve a poner en el centro de la discusión política estadounidense el tema de la migración. La administración del presidente George W. Bush fracasó en su intento de una reforma integral, mientras que el gobierno de Obama ha relegado el tema –que fue uno de los pilares de su campaña para llegar a la Casa Blanca–, sometido a las presiones de la crisis económica que heredó.

De hecho, la ley SB 1070 no pretende controlar la inmigración ilegal en Arizona, sino posicionar electoralmente a la gobernadora Brewer y al senador John McCain: ambos enfrentan problemas para reelegirse en sus cargos y buscan un chivo expiatorio. Y la inmigración indocumentada es la víctima ideal, coinciden varios analistas.

Brewer y McCain apoyaron una legislación ilegal que pone en peligro los derechos humanos de toda la población latina en Arizona, pero parecen haber olvidado el creciente peso electoral de esta comunidad. Así, aun cuando ganen simpatías inmediatas entre los anglosajones, estarían cometiendo un suicidio político en el mediano plazo.