Desde Lima

Acorralado por escándalos de corrupción, el gobierno de Alan García, que tiene un 70 por ciento de desaprobación, atraviesa su hora más difícil. Los dos principales dirigentes del gobernante Partido Aprista, Jorge del Castillo y Omar Quezada, enfrentan graves acusaciones de corrupción vinculadas con su participación en la gestión gubernamental. La revelación de manejos turbios en licitaciones y tratos con inversionistas privados, que estalló en octubre de 2008, cuando se conocieron conversaciones entre funcionarios públicos y lobbistas del partido de gobierno para arreglar concesiones petroleras, ha ido escalando hasta involucrar a altos personajes del gobierno. Esas conversaciones fueron grabadas ilegalmente por Business Track (BTR), empresa formada por oficiales de la Marina en retiro dedicada al espionaje político y empresarial.

Diálogos telefónicos grabados por BTR, revelados hace unos días, han puesto en evidencia las gestiones del ex primer ministro y congresista oficialista Jorge del Castillo ante el directorio de la estatal Perupetro para favorecer a la empresa petrolera Monterrico, propiedad de un empresario amigo del ex ministro, y su interés en sacar adelante en el Congreso una ley que le habría permitido a esta empresa petrolera reducir el pago de impuestos. En la misma época que hacía esas gestiones, Del Castillo hizo un contrato con Julio Vera, el propietario de la petrolera Monterrico, para entregarle un departamento y recibir a cambio otro departamento más grande y ubicado en una mejor zona de la ciudad.

El ex ministro y alto dirigente del partido de gobierno también recibió 180 mil dólares, depositados en su cuenta bancaria. En su defensa alega que ese depósito, realizado desde el extranjero, fue hecho por error por alguien que pretendía comprarle el mismo departamento que ya le había entregado a Vera y que devolvió ese monto reenviándolo al extranjero. Esa explicación ha dejado muchas dudas.

Estas nuevas revelaciones y la misteriosa pérdida, durante el proceso judicial a los directivos de BTR, de archivos con las comunicaciones grabadas clandestinamente por esta empresa de espionaje, han puesto nuevamente en primer plano el escándalo de los llamados “petroaudios” y han jaqueado al gobierno. El juzgado que lleva el caso, la fiscalía y la policía se culpan mutuamente por la desaparición de parte importante de las grabaciones y correos electrónicos interceptados por BTR, los cuales, según una ex alta funcionaria de la empresa ahora procesada, comprometían a altos personajes del gobierno en una serie de negociados y tráfico de influencias. El Congreso ha nombrado una comisión para investigar este robo de pruebas.

Jorge del Castillo, el más comprometido hasta ahora en este escándalo de corrupción, es el segundo hombre en importancia, después del presidente García, en el partido de gobierno. En marzo fue elegido secretario general político del Partido Aprista y hasta la aparición de estas nuevas evidencias que lo comprometen en tráfico de influencias era considerado el más probable candidato presidencial del oficialismo en las elecciones de abril de 2011. Del Castillo fue primer ministro desde la llegada de García al poder, en julio de 2006, hasta octubre de 2008, y debió dejar el cargo cuando se conocieron los primeros “petroaudios”.

El tercer hombre en la jerarquía del Partido Aprista, Omar Quezada, elegido en marzo como secretario general institucional del partido, también está envuelto en un grave escándalo de corrupción. Quezada ha sido acusado de tráfico de terrenos usando su puesto de jefe de un organismo encargado de administrar los terrenos del Estado y la semana pasada debió renunciar a ese cargo. Las graves acusaciones de corrupción contra sus dos principales dirigentes han hundido al partido de gobierno en una grave crisis.

Las interceptaciones ilegales que hacía BTR, que destaparon la olla de corrupción del gobierno de García, también salpican al régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). Los marinos que dirigían BTR trabajaron, estando en actividad, en los servicios de inteligencia de Fujimori. El lunes pasado se reveló que en los archivos incautados a BTR se encontraron interceptaciones hechas en los años 1999 y 2000 a políticos, periodistas y organismos de derechos humanos. Los espías de Fujimori interceptaron las comunicaciones de la oficina de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), que agrupa a las agencias de noticias y principales medios de comunicación acreditados en el país, entre ellos Página/12. Además de la oficina de APEP, los servicios secretos de Fujimori también interceptaron, según lo que se conoce hasta este momento, los correos electrónicos de la agencia DPA y de cuatro corresponsales de medios extranjeros, entre ellos este corresponsal. La APEP ha protestado en un comunicado por este hecho y exigido una investigación sobre este espionaje a la prensa extranjera.