Los presidentes Fernando Lugo y Luiz Inácio Lula da Silva se reunirán hoy en la frontera que comparten sus países. Debían discutir una renegociación de las ganancias de Itaipú, la represa hidroeléctrica que comparten, pero en los últimos días se impuso otro tema en la zona: la amenaza de una nueva guerrilla y el estado de excepción que impera del lado paraguayo. Además del millar de militares que Lugo había desplegado en la región hace más de una semana, se sumaron otros 150 soldados para vigilar las calles de la ciudad de Pedro Caballero, por donde cruzará hoy el mandatario paraguayo y en donde intentaron matar a un senador el lunes pasado.

Lula está preocupado. Dos de los cinco departamentos del norte paraguayo que fueron militarizados comparten frontera con Brasil. Concepción y Amambay son además el epicentro de los atentados, los secuestros y cualquier otra efímera aparición del presunto grupo armado que aterroriza a los paraguayos desde los titulares de los diarios y los noticieros, el Ejército Popular Paraguayo (EPP).

Los medios y la oposición dicen que es una guerrilla de ideología marxista-leninista, al estilo de las FARC colombianas. Supuestamente nació en marzo de 2008, pero sus líderes están en la cárcel desde 2004 por un secuestro realizado tres años antes. Supuestamente operan con facilidad en el centro del país, pero los vecinos de la zona aseguran que no son más de 15 personas armadas. Supuestamente representan una amenaza tan peligrosa que el Parlamento y el presidente de la Nación declararon el estado de excepción en un tercio del territorio nacional; pero en su haber sólo cuentan con un ataque a un cuartel militar poco vigilado en una zona alejada, un atentado frustrado en el Palacio de Justicia en Asunción, el secuestro de dos ganaderos y la muerte de un policía y tres guardias de estancia en un enfrentamiento en el campo.

“Desde hace cinco años que venimos registrando testimonios de personas de la zona que dicen haber visto personas armadas, que viven en campamentos y amenazan a la gente. Existen, sí, pero para nosotros no son más que un grupo delincuencial, no son más de 15 personas. Son pocos, pero están aliados a las bandas criminales que desde hace tiempo operan en las zonas”, explicó del otro lado del teléfono Juan Martens, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos, más conocida como la Codehupy.

El EPP se presentó formalmente en noviembre de 2008 a través de un comunicado: “No hay dudas de que el gobierno de Fernando Lugo no ejecutará la Reforma Agraria integral prometida al Pueblo Paraguayo. Esta situación exige que el propio pueblo tome la tierra en sus manos y realice la Reforma Agraria desde abajo”.

La propuesta lanzada por el presunta guerrilla le sirvió a la oposición de centroderecha y a los medios masivos para vincular al movimiento campesino y a dirigentes de izquierda con el nuevo enemigo interno. Si quieren lo mismo, argumentó más de uno, entonces el grupo armado es la escisión de los sectores más radicales.

“El 19 de enero de este año la policía detuvo en varios operativos a doce personas, sospechosas de ser parte del grupo armado. Seis de ellas están vinculadas con organizaciones sociales, algunas con una militancia de más de 40 años. El ejemplo más ridículo es el de Sindulfo Agüero, de 68 años. Nosotros asumimos la defensa de esas seis personas porque en ningún lugar de la acusación se relatan los hechos por los que se los detiene. El único delito que se les imputa es que pudieron haberse comunicado con personas que tendrían relación con el EPP”, relató como un ejemplo del acoso que sufre el movimiento campesino, la única organización social con la fuerza suficiente para paralizar el país.

Según el último informe publicado por la Codehupy, desde los años del stronismo hasta los de Lugo un campesino es asesinado en Paraguay cada 22 días. Es sistemático, pero silencioso. Sus nombres no aparecen en los grandes medios ni en los discursos de los líderes políticos. Era una constante que esperaban que el gobierno de Lugo cambiara.

Hace dos domingos el mandatario citó a la Cordehupy y a la cúpula del movimiento campesino para explicarles la instalación del estado de excepción. “Nos dijo que no se trataba de un estado de sitio, con suspensión de derechos, sino que simplemente habilitaba a los militares a combatir abiertamente en esas zonas”, recordó Martens, uno de los invitados a la cita. “Creo que fue un intento desesperado de llevar tranquilidad a la oligarquía ganadera. Además, fue un populista. Lo podría haber decretado, pero lo llevó al Congreso para lograr la corresponsabilidad de esa decisión”, agregó el abogado.

El de Lugo fue un gesto, sin dudas, pero no un giro de 180 grados. Hace apenas cinco meses su gobierno se negó a impulsar un proyecto de ley para incluir en el Código Penal la figura de terrorismo y aún mantiene su decisión. También sigue repudiando los llamados de la oposición –liderada por su propio vicepresidente, el liberal Federico Franco– para pedir ayuda al gobierno colombiano de Alvaro Uribe, experto en lucha antisubversiva y responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En sus poco más de dos años de gobierno, el ex obispo timoneó varias amenazas de juicio político y más de un rumor sobre un golpe de Estado. Cambió cúpulas militares y resignó proyectos en el Congreso, donde el oficialismo es hoy apenas una pequeña minoría. Pero su principal fuerza política siguen siendo los sectores populares, los mismos que rechazaron el estado de excepción y la militarización de sus pueblos, sus tierras.