El primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, (foto) anunció ayer la convocatoria a elecciones para el 14 de noviembre, en aras de lograr la reconciliación política en el convulsionado país. Los camisas rojas del opositor Frente Unido por la Democracia y contra la Dictadura están “tomando en seria consideración” la propuesta del premier. La propuesta está condicionada a que los manifestantes antigubernamentales que ocupan desde el pasado 14 de marzo un área de unos tres kilómetros cuadrados en el barrio financiero en el centro de Bangkok pongan fin a su protesta. “Voy a presentar una solución política o una hoja de ruta”, dijo Abhisit, quien agregó que “para lograr una perspectiva tenemos que escuchar, no sólo al gobierno, a los políticos, a los manifestantes o a un grupo de personas que se oponen a las protestas”. Los miles de manifestantes son seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra y consideran ilegítimo al actual gobierno. Desde el comienzo los camisas rojas exigieron la celebración inmediata de los comicios, los que, probablemente, darían la victoria a los aliados del jefe de gobierno depuesto.
En momentos en que el gobierno francés apura una ley que prohíba el uso de velo islámico en espacios públicos, España resolvió que el uso de hiyah (pañuelo islámico en la cabeza) sea considerado como un símbolo religioso y, por lo tanto, pueda ser utilizado por cualquier persona en cualquier lugar, incluida la escuela pública, según informó ayer el diario Público. “Llevar el pañuelo islámico no es ilegal en España”, ésa es la tesis que se maneja en el Ministerio de Justicia español. Según fuentes de este ministerio, el gobierno quiere abordar con prudencia el debate tras el reciente caso de Najwa, la estudiante que tuvo que cambiar de instituto porque las normas de su centro le impedían llevar el pañuelo. El principal fin del Ejecutivo es evitar que la cuestión se convierta en argumento en la batalla política. En el debate está en consideración si el pañuelo islámico es un símbolo religioso o una prenda más. En este punto, el Ejecutivo español parece dispuesto a optar por la primera opción.
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