Baltasar Garzón quiere irse a La Haya. El juez español solicitó su traslado a la Corte Penal Internacional (CPI), que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo, para ocupar un cargo de asesor externo. Así se lo pidió ayer el magistrado de la Audiencia Nacional española al Consejo General del Poder Judicial, que hoy decidirá sobre ello.

La decisión del reconocido magistrado supondría un pase a servicios especiales, lo que significa que no renuncia a la judicatura ni a su plaza en el Juzgado de Instrucción No 5 de la Audiencia. Sería una baja momentánea. Garzón tiene tres causas abiertas en su contra en el Tribunal Supremo que seguirán adelante en su tramitación. Entre ellas, una por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo que podría sentarlo en el banquillo de los acusados. De ocurrir, eso significaría su suspensión automática como juez instructor.

El propio Moreno Ocampo fue quien cursó, el pasado 6 de mayo, la invitación para que Garzón ejerciera como consultor externo durante un período inicial de siete meses, durante los cuales, además de trabajar en la ciudad holandesa, podría tener que desplazarse a Congo, Uganda, Sudán o Colombia, países donde la CPI tiene investigaciones abiertas.

Esa corte fue creada en 2002 como primer tribunal internacional para juzgar el genocidio, los crímenes de guerra, las torturas y las violaciones masivas de los derechos humanos. Sus investigaciones no son retroactivas, sino que sólo se ocupa de crímenes cometidos después de su entrada en vigor. En una carta, Moreno Ocampo expresó al juez más reconocido internacionalmente su deseo de contar con él para aprovechar su experiencia “en la investigación de crímenes organizados y masivos”, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional española.

Desde el Juzgado de Instrucción No 5 de ese tribunal, Garzón ha instruido desde 1988 sumarios importantes contra el narcotráfico y el terrorismo. Desde ese juzgado persiguió también al dictador chileno Augusto Pinochet y a represores argentinos como Adolfo Scilingo, saltando a los titulares de todo el mundo. Y desde él trató también de investigar los crímenes del franquismo, una actuación que lo ha situado a las puertas de ser juzgado, acusado por organizaciones de ultraderecha.

El presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, remitió ya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe favorable al traslado de Garzón. La petición del magistrado será estudiada hoy por la comisión permanente del CGPJ. Esta analizará si el cargo que el juez español pide ocupar se encuentra entre los puestos internacionales que dan derecho a una declaración de servicios especiales. El traslado solicitado tiene que contar además con la aprobación del gobierno socialista español, a través del Ministerio de Exteriores.

No está claro si el órgano de gobierno de los jueces podría suspender en sus funciones a Garzón en caso de que se le abra juicio oral por la causa en su contra por su investigación del franquismo, la más avanzada procesalmente. Tampoco qué cambiará cuando Garzón finalice sus siete meses en la CPI y regrese a su puesto en la Audiencia Nacional.

Garzón tiene abierta otra causa en el Supremo por unos supuestos cobros del Banco de Santander recibidos durante unos cursos que él dio en una universidad en Nueva York y otra por haber ordenado intervenir las comunicaciones que tuvieron en prisión con sus abogados varios procesados en el “caso Gürtel”, la trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) desde hace más de un año.

La decisión del juez generó reacciones de agrupaciones de políticos, de jueces y fiscales. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamentó que Garzón tenga que “exiliarse” en la CPI y acusó a los tribunales de convertir al magistrado en una “refugiado político”. “La amputación que se le puede hacer a la Justicia española del único juez que trató de investigar las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura franquista es de extrema gravedad y un precedente para otros jueces que traten de investigar los crímenes del franquismo”, dijo la agrupación.

El diputado de Izquierda Unida Gazpar Llamazares dijo, según el diario Público, que la decisión del juez va a traer consigo que el Tribunal Supremo tenga que “cargar” con la imagen de unA Justicia que condena a los mejores jueces al exilio.

Otros en realizar manifestaciones públicas fueron las asociaciones de jueces y fiscales, que coincidieron en que Garzón, como cualquier otro juez, es libre de aprovechar la oportunidad de ocupar un puesto en la CPI, lo que calificaron como una situación normal que no interfiere en la investigación del máximo tribunal español. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, destacó que el juez de la Audiencia Nacional está amparado por la presunción de inocencia, por lo que a su juicio poco importa que pida el traslado a la Corte Penal Internacional o se dedique a la cría del jilguero. “Es el adalid desde el punto de vista de la justicia universal”, sostuvo.