El presidente Felipe Calderón enviará al Congreso un proyecto para crear una policía única en el país, con el fin de enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia organizada y al narcotráfico. La decisión fue tomada tras lograr un acuerdo con gobernadores y alcaldes en la 28 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública para suprimir las 32 policías estatales, así como las municipales, y dar lugar a una nueva fuerza, informaron los periódicos locales El Universal y La Jornada.

El mandatario prometió que en el próximo período de sesiones del Congreso presentará una iniciativa de reforma constitucional que dará el marco legal para crear las 32 coordinadoras policiales, pero antes dará lugar a consultas con las autoridades locales para que su visión quede representada en el proyecto.

En el marco de la guerra al narcotráfico y el crimen organizado declarada por el gobierno de Calderón, la propuesta consiste en que exista un solo mando central –ubicado en la Ciudad de México– y 32 coordinaciones estatales, incluido el Distrito Federal. Hasta el momento, cada gobernación e intendencia mantiene el control sobre sus cuerpos policiales. Calderón también propuso que esta policía única sea reforzada por las fuerzas armadas, con el fin de no ceder terreno a la delincuencia organizada, en una nueva justificación de su decisión de sacar al ejército a las calles para combatir el crimen organizado.

“El apoyo de las fuerzas armadas y de la Policía Federal a las autoridades estatales y municipales es temporal y subsidiario. Nuestro objetivo es respaldarlas en tanto las autoridades locales pueden reconstruir sus cuerpos policíacos y los integren con gente confiable, que no tenga compromiso con los criminales, sino única y exclusivamente con los ciudadanos”, afirmó Calderón.

Mientras tanto, ayer continuó la violencia desatada por las guerras de los carteles. Al menos ocho personas murieron en dos estados del norte de México, siete de ellos fusilados, en hechos separados pero relacionados, informaron autoridades locales.

En Chihuahua, capital del estado mexicano homónimo, se registraron dos ajusticiamientos colectivos realizados al parecer por pistoleros al servicio del narcotráfico. En un primer caso cuatro hombres de entre 25 y 39 años fueron ajusticiados la noche del jueves en una calle céntrica. “Los cuerpos presentaban huellas de tortura, estaban amordazados y con las manos atadas a la espalda”, dijo un portavoz de la Procuraduría (fiscalía) de Chihuahua. “Las víctimas fueron bajadas de dos vehículos, colocadas contra una pared de espaldas y luego les dispararon varias ráfagas con rifles AK-47”, añadió el funcionario. A su lado los agresores dejaron una bolsa plástica con cobre fundido y un mensaje amenazante.

Más tarde, sicarios entraron en una casa en otra zona de Chihuahua y “sacaron a tres hombres de sus domicilios a los que colocaron contra unas tapias para dispararles con rifles y pistolas”, indicó la fuente. Chihuahua es uno de los puntos más calientes en la guerra que libran los carteles mexicanos que buscan controlar las rutas hacia Estados Unidos y el mercado local.

En tanto, otro joven murió el jueves en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas (noroeste), al burlar un control establecido para frenar a las bandas de pistoleros que azotan la región, según la policía. Los policías federales que hacían el retén dispararon contra el auto en que viajaban varios jóvenes. “Los consideraron sospechosos porque no se detuvieron (...) Uno murió, dos resultaron heridos de bala y cuatro fueron golpeados por los agentes”, dijo un oficial de la policía municipal que pidió no ser identificado.

México intensificó desde diciembre de 2006 su lucha contra las mafias del narcotráfico con el despliegue de 50.000 militares, dando pie a una espiral de violencia que ya dejó más de 22.740 muertos. Autoridades de ese país reconocen que las redes del narcotráfico han infiltrado el sistema político mexicano.

Ayer las autoridades electorales de Quintana Roo decidieron cancelar el registro a Gregorio Sánchez como candidato a la gobernación y determinaron su retiro de la boleta electoral y la supresión de su propaganda, a raíz de la detención en un proceso por delitos vinculados al narcotráfico. El Instituto Electoral comunicó a la alianza integrada por el PRD, PT y Convergencia la cancelación del registro de Sánchez y dio plazo hasta el 8 de junio para nombrar a su reemplazante en las listas. El martes, un juez federal había dictado la detención formal del candidato por lavado de dinero, delincuencia organizada y narcotráfico.